Los acusados de Castor declaran que fueron terremotos naturales

En el interrogatorio, ambos acusados han coincido en que todas las auditorías externas y los expertos avalaron la seguridad de la operación, entre ellas un informe del Instituto Francés del Petróleo (IFP) por n o activar ninguna falla y situarse el gasoducto en una zona de baja sismicidad, como informó el Instituto Geográfico Nacional.

Tanto Del Potro como Martínez Dalamau han asegurado que durante los días de la crisis sísmica, es decir, entre el 10 y el 13 de septiembre de 2013, cuando se llegaron a registrar más de 500 seísmos, siguieron las recomendaciones del Observatorio del Ebro, empresa con la que tenían conveniada la monitorización de los movimientos durante la inyección de gas, y que bajaron el caudal hasta la mitad.

El presidente de ESCAL, Recadero del Potro, ha indicado que desde el primer momento que tiene conocimiento de la variación de los movimientos, lo puso en conocimiento de todas las administraciones, es decir, Ministerio de Industrial, Subdelegación del Gobierno de Castellón y Ayuntamiento de Vinaròs para informarles personalmente.

También se lo transmitió al Instituto Geográfico Nacional que, asegura, « no le dieron la menor importancia« y remitieron un informe solicitado a la administración sobre la situación y en la que el propio Del Potro, ha dicho, comunicó en la »carta de acompañamiento« las medidas que habían adoptado, como la reducción del caudal de inyección.

Del Potro ha defendido la continua monitorización a tiempo real y el aval de distintos estudios e informes que indicaban que si no se superaban los 4,7 de magnitud no suponían riesgo. Al respecto, ha explicado que no se llegaron a superar los 2,5 de magnitud y que, los que ha calificado como « microseísmos«, no pudieron ser percibidos por la ciudadanía porque además se produjeron a 20 kilómetros de donde estaba Castor.

«Una cosa es lo que supone el incremento de la magnitud del movimiento sísmico y otra es el empujón que se le puede dar, pero nunca se puede incrementar la magnitud de los terremotos naturales», ha manifestado el directivo de ESCAL.

En esa idea de sismicidad natural ha incidido el otro acusado, José Luis Martínez Dalmau, a preguntas de la defensa. La máxima intensidad que se dio fue de 3, que la sismicidad de la zona sigue siendo la misma que entonces y que ningún experto o autoridad les ha reportado daños al medio ambiente por la inyección realizada.

También ha insistido en la exhaustiva monitorización durante esos días y que en ningún momento ESCAL dejó de llevar a cabo alguna recomendación de las que les indicaron. Ha apuntado, además, que según los expertos, el comportamiento del yacimiento mientras la inyección fue «mejor de lo que se esperaba» y que las sobrepresiones fueron más bajas de los umbrales establecidos.

Asimismo, ha declarado que nadie les recomendó no volver a inyectar gas tras la paralización que se produjo antes de renunciar definitivamente a la concesión, renuncia que según se ha explicado por los directivos se produjo por ser esta paralización «indefinida» y ponerse en peligro la viabilidad del proyecto.

En el juicio también han prestado declaración como testigos tres miembros del Consejo de Administración de la mercantil que han ratificado que se cumplieron estrictamente con las recomendaciones tanto del Observatorio del Ebro como del Ministerio.

Precisamente, otro de los testigos ha sido el director del Observatorio del Ebro, David Altadill, quien no ha podido dar mucha más claridad sobre la comunicación de esos días de crisis sísmica al estar en proceso de toma de posesión de su cargo. Sí ha hablado de la existencia de una cláusula de confidencialidad en el convenio con ESCAL y, a preguntas de la acusación popular, ha manifestado no constarle que la empresa les comunicara cuando iban a iniciar la inyección del gas.

La sesión se reanuda mañana con más testificales.