El Gobierno no reabrirá Castor por el «elevado» riesgo de nuevos terremotos

El informe, elaborado por siete expertos mundiales en sismología, geología y geomecánica del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y de la también estadounidense Universidad de Harvard, concluye que los seismos que se sucedieron en la costa valenciana entre el 5 de septiembre y el 4 de octubre de 2013 fueron consecuencia directa del comienzo en esa fecha de las operaciones de inyección de gas en el depósito, que fueron abortadas el 17 de septiembre del mismo año ante la sospecha de que ambos hechos guardasen relación.

El análisis, que ha tardado en elaborarse 18 meses y ha costado 600.000 euros al Ministerio de Energía, confirma que la inyección de gas "desencadenó" la sismicidad y "destabilizó" la falla de Amposta, próxima a la plataforma, y que las tensiones y el estrés a las que fue sometida la placa tectónica por las operaciones se mantuvieron días después de que parasen, lo que explica los temblores y réplicas posteriores.

El estudio desaconseja la reanudación de las operaciones porque considera probado que nuevas inyecciones de gas implicarían un alto riesgo de repetir las fuertes tensiones en la falla de Amposta, que fue "desestabilizada" por los seismos de 2013, y que por ese motivo podría desencadenar terremotos aún mayores a los de entonces y pasar de los cuatro grados que tuvieron los más fuertes a magnitudes de hasta 6,8. Tampoco ve viable realizar incluso una utilización de baja intensidad porque, a la vista de sus simulaciones, es "extremadamente complicado definir límites de operatividad segura y fiable en términos de presiones, tasas o volúmenes de inyección".

Los expertos estadounidenses solo dieron hoy una noticia esperanzadora, y es que la situación geológica actual en la zona, desde que en julio de 2014 la planta Castor pasase a situación de hibernación, es estable. "La sismicidad natural está en los mismas tasas que antes de la inyección y no se prevén diferencias", tranquilizó el profesor del MIT Rubén Juanes, que junto a su colega John H. Shaw, de Harvard, presentaron hoy las conclusiones.

El análisis previo y este último dato -la estabilidad de la zona- fue lo que llevó hoy tanto al ministro, Álvaro Nadal, como al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, a anunciar la no reapertura de la planta de almacenamiento, pero también a avanzar que la estructura no será desmantelada por el momento, no al menos hasta que nuevos estudios puedan determinar si es posible un desmontaje con "con garantías y seguridad".

Escal UGS, la empresa que logró en 2008 la concesión de la explotación y que en 2010 comenzó la perforación de los pozos de almacenamiento, renunció en julio de 2014 a la concesión después de la parálisis de operaciones ordenada por el Gobierno el otoño anterior y el ministerio encargó a Enagás que pusiese en marcha la hibernación de la planta. Desde entonces las instalaciones están seguras, los pozos sellados y no existe gas ni en la plataforma ni en los gasoductos de conexión.

Navia dijo que los estudios de ingeniería y de costes que determinarán si es posible desmantelar la plataforma aún no se han encargado y que se harán y estudiarán sin prisas. Nadal garantizó que se pondrá toda la atención en los riesgos del desmotaje. "Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos, si luego se desinfla, que es lo que ocurriría con el desmantelamiento, también podría mover los cimientos, así que habría que hacerlo con prudencia y seguridad", explicó.

Sin responsables

Navia se agarró a otra de las conclusiones de los expertos para negarse a establecer responsabilidades ni por las operaciones ni por la concesión de la licencia, cosa que, dijo, en todo caso deberán determinar los tribunales que investigan los hechos. "No era previsible que en Castor ocurriese lo que ocurrió", comentó en el secretario de Estado. Lo dijo porque los investigadores del MIT y Harvard consideran que, sin un estudio integral y pionero como el realizado por ellos, era imposible que se supiese que los inyecciones de gas podían causar terremotos en Castor. "No cabría esperar que un estudio realizado con metodologías estándar en la industria hubiese llegado a estas conclusiones antes de la inyección", señalan. Eso sí, también recomiendan que en el futuro se reclamen estándares de investigación más completos antes de autorizar casos similares.

No hay responsables, pero la hibernación de Castor ya le ha costado más de 1.700 millones a los españoles. Es la cantidad que recibió Escal UGS como indemnización por los gastos de concesión y puesta en marcha del almacen, y que todos los usuarios pagarán durante 30 años en sus recibos del gas. A este dinero hay que añadir los 16 millones anuales que cuesta tener cerrada y segura la instalación y los que podría costar su desmontaje si el final es posible.