Competencia multa a 23 empresas cementeras por su participación en un cártel

Seis de las 23 compañías sancionadas suman multas de 26,1 millones de euros, casi el 90% del importe total. Se trata de Cementos Portland Valderrivas (10,2 millones de euros), Cemex España (5,8 millones de euros), Holcim España (4,4 millones de euros), Promotora Mediterránea (2,3 millones de euros) Betón Catalán (2,3 millones de euros) y Lafarge Cementos (1,1 millones de euros).

Las prácticas anticompetitivas sancionadas tuvieron lugar entre los años 1999 y 2014. En total son cuatro infracciones del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, constitutivas de un cártel.

En el mercado de hormigón, la CNMC considera acreditadas tres infracciones en tres áreas geográficas diferenciadas (Noreste, centro y Sur) a través de las cuáles las empresas sancionadas participaron en el intercambio de información comercial sensible, reparto del mercado y acuerdo de precios entre los años 1999 y 2014.

Los acuerdos sancionados responden a una estrategia similar, y algunas empresas hormigoneras participaron en todos ellos, si bien las características específicas de cada acuerdo en su duración y participación permiten la acreditación de una infracción en cada zona geográfica definida, según explica el organismo presidido por José María Marín Quemada.

Así, en la zona Noreste, por ejemplo, las prácticas sancionadas se iniciaron en 1999 a partir de un denominado "acuerdo de caballeros", que instaba a las empresas participantes a consensuar una lista de los "clientes adictos" y un precio de referencia que permitiera la rentabilidad deseada y la estabilidad de cuotas prefijadas, extendiéndose mediante diversos mecanismos hasta 2014 con la participación acreditada de seis empresas.

Por su parte, en la zona Sur, la infracción ha podido ser acreditada desde 2005 hasta 2014, con la participación de catorce empresas a través de la denominada "mesa de hormigón", "club" o "mesa de Sevilla", utilizando profusamente el correo electrónico y la mensajería instantánea Whatsapp para intercambiar información o acordar reuniones.

Por último, en la zona centro, la infracción se ha acreditado desde 2009 a 2014 con la participación de ocho empresas. La investigación también ha puesto de relieve otras estrategias como la de ofertar un precio del hormigón por encima del competidor que tenía asignada una obra o un cliente en concreto.

También en el mercado de cemento

En el mercado del cemento también se ha acreditado la existencia de un reparto del mercado y de intercambios de información entre cuatro competidores, relativos a precios, estrategias, clientes y volúmenes de producción durante los años 2013 y 2014.

El ámbito geográfico de la conducta en el mercado de cemento es nacional, mientras que las conductas de cada empresa en el mercado de hormigón afectaron a una o varias zonas geográficas, identificadas como centro, Sur y Noreste de España.

La importancia de este comportamiento ilícito se ve agravada porque los mercados del cemento y del hormigón están verticalmente relacionados y constituyen un input necesario para otros sectores relevantes en la economía, en especial el sector de la construcción y el de obra civil.

Las conductas afectan a los consumidores de forma indirecta, a través del encarecimiento de la obra pública, o bien de forma directa a la hora de adquirir una vivienda u otra edificación de uso privado. El sector de la construcción supone el 4,9% del PIB español.

Las restantes compañías multadas son Prebetong Hormigones (685.179 euros), Materiales y Hormigones (614.546 euros), Hanson Hispania (325.574 euros), Betonalia (226.493 euros), Almacenes y Hormigones Creacons (195.301 euros), Ceminter Hispania (193.463 euros), Tenesiver (127.319 euros). Hormibusa (104.808 euros), Áridos y Hormigones Hispalense (96.696 euros), Comercial Arroyo Construcción (64.335 euros), Prefabricados Ligeros de Hormigón (56.905 euros), Prefabricados Leflet 37.889 euros), Hormigones de Sevilla (35.372 euros), Andaluza de Morteros (32.515 euros), Hormigones Polichi (12.003 euros), Surgyps (7.579 euros) y Hormigones Utrera (1.620 euros).

Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.