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José María Camarero
Viernes, 17 de junio 2016, 10:59
El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha anticipado que el regulador va a dar un paso más allá en su política de sanciones al establecer la prohibición de que las compañías inmersas en carteles ... que investiga Competencia se presenten a concursos públicos. Marín Quemada ha recordado que las multas "tienen que ser proporcionales al daño causado, pero también disuasorias".
El sector hacia el que todas las miradas se dirigen es el de las compañías de concesión de la recogida de residuos urbanos. El conocido como 'cartel de la basura' , al que la CNMC impuso en enero del año pasado una multa de 88 millones de euros a empresas como ACS, FCC, Sacyr y Ferrovial, podría enfrentarse a la prohibición de acudir a nuevos concursos si así lo determina el regulador en los próximos meses. Lo más probable, indican fuentes cercanas al regulador, es que sea antes de que finalice este año cuando se tome esta decisión, porque tiene que tratarse de hechos relativos a 2015, y no en ejercicios anteriores, cuando la normativa era diferente. De hecho, en muchos de los ayuntamientos en los que se ha destapado este cartel, sus responsables municipales no han renegociado con estas mismas empresas los contratos de recogida de basuras que mantenían en vigor hasta ahora.
Para Marín Quemdada se trata "de un tercer paso", después de las propias multas, tras las qeu se pasó a explorar las sanciones a directivos -como ha ocurrido con otro cartel, el de las empresas de pañales para adultos-, porque "ya no solo es una cuestión económica, sino de someter al conocimiento de la sociedad de un hecho ilícito", ha indicado en su intervención en el Curso de la UIMP. "Se trata de pasar un mensaje a los directivos de que hay responsabilidades personales" por sus actuaciones anticompetitivas.
Durante el año pasado, la CNMC desmanteló 14 grupos de empresas perfectamente organizadas para repartirse el mercado y pactar precios y se impusieron 550 millones en sanciones. En cualquier caso, José María Marín Quemada se ha quejado de que "el grado de libertad" que tuvo en un principio cuando se constituyó este organismo "después se ha visto cercenado". El presidente del regulador ha pedido al próximo Gobierno "sea el que sea" que les permita trabajar con libertad "como ocurre en estos mismos organismos en Europa".
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