Las eléctricas cargan ahora todas las tasas autonómicas, obligadas por la Justicia

En concreto, deberán asumir esos suplementos los hogares con contrato en Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana. Afectan aproximadamente a 25 millones de consumidores por una cuestión que está en vigor desde 2013. Solo se libran en País Vasco y las islas.

Fue hace seis años cuando la ley del sector eléctrico preveía que en caso de las comunidades autónomas aprobaran tributos eléctricos, al peaje de acceso (la parte fija de la factura)se le sumaría un suplemento regional que debía ser pagado por los usuarios del territorio que los hubiera aprobado.

El problema es que hasta ahora han sido las propias compañías las que han soportado esos cargos sin repercutirlos a sus clientes. Pero el Tribunal Supremo falló una sentencia en la que obligaba a pagarlo a los consumidores. Y en cada región el concepto cambia:pueden ser cánones eólicos, tributos por emisiones, tasas por residuos, etc. Ahora llega el momento de refacturar todos esos cargos relativos a 2013.

Esa refacturación dependerá del consumo realizado en su momento por el cliente y de la comunidad de esa conexión eléctrica. Fuentes oficiales estiman que el incremento de la factura irá desde los cinco céntimos al año de la Comunidad Valenciana a los 15,75 euros en Galicia. Para el resto de regiones, el impacto anual estimado sería el siguiente: Andalucía (0,44), Aragón (3,36), Asturias (1,73), Cantabria (7,69), Castilla La Mancha (0,33 euros), Castilla y León (13,18), Cataluña (0,28), Extremadura (1,81), La Rioja (0,30), Madrid (0,43), Murcia (1,53) y Navarra (2,67).

No es la primera vez que los usuarios de luz ven cómo se recalculan facturas del pasado. La anterior estaba relacionada con los contratos de precio regulado (PVPC). En 2014 el Gobierno fijó unos márgenes de comercialización de cuatro euros al año por kilovatio contratado.Poco después, el Supremo indicó que ese coste no estaba justificados de forma adecuada y obligó al entonces Ministerio de Energía a establecer una metodología para realizar el cálculo de ese margen de comercialización para las eléctricas de referencia. La cuantía se incremento en 20 céntimos al año por kilovatio con lo que se refacturaron los pagos de 13 millones de hogares que entonces estaban acogidos a esa modalidad.