Los cambios que afrontará el sistema energético con la obligación de ampliar el parque de renovables y poner fin a las plantas más contaminantes implicará que Red Eléctrica tenga que invertir 7.000 millones de euros hasta el año 2025, cuando culminaría su próximo plan ... estratégico. Así lo ha anunciado el presidente de la compañía, Jordi Sevilla, quien ha destacado que esta cifra (unos 1.400 millones por año) supondrá duplicar las inversiones realizadas en el actual plan por la corporación.
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Ese capital se destinará fundamentalmente a digitalizar la red de transporte eléctrico, con más fibra óptica, así como a afrontar el cierre de instalaciones que ahora aportan luz al sistema, así como a la puesta en marcha de otras muchas, e incluso a la proliferación de pequeños puntos de generación como consecuencia del autoconsumo. Esos 7.000 millones «son el coste de la transición energética para Red Eléctrica», ha admitido Sevilla en un encuentro con medios de comunicación.
La compañía ya cuenta con que poco a poco se vayan cerrando instalaciones que, antes o temprano, están abocadas al cierre, tal y como quiere el Gobierno, como ocurrirá con las instalaciones térmicas de carbón o las nucleares, entre otras. «Se trata de sustituir 6.000 megavatios al año de muchas energías por otras renovables», ha indicado Sevilla, al referirse a las nuevas eólicas o fotovoltaicas que se vayan construyendo a medio plazo.
La principal consecuencia para la factura de la luz ante este cambio en el sistema eléctrico es que tendrá que afrontar un incremento de los costes -los peajes fijos que se detraen del recibo para remunerar la actividad de Red Eléctrica-. Sevilla, quien ha reconocido que esa retribución será mayor que la actual, ha recordado que el peso de Red Eléctrica en la factura actual es de «solo un 4,5%» frente a otras partidas, como la retribución de las empresas distribuidoras o lo que se lleva el mercado de generación diaria.
Además, Red Eléctrica está pendiente de que se fije la retribución que debe recibir bien por parte del Gobierno o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), planteada en un 5,47% y que la compañía aspira a elevar hasta el 6,4%, loque implicaría un sobrecoste de 125 millones de euros.
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En su nuevo planteamiento estratégico, que estará centrado casi en exclusiva en este plan de inversiones para adaptar el sistema eléctrico a la transición energética, la compañía va a pedir al Gobierno unos plazos de «tramitación excepcional» en los permisos burocráticos que afectan a cualquier inversión que realice la compañía, que suele prolongarse hasta tres años, como a las empresas que se hacen con las subastas de electricidad para instalar renovables, pero que no pueden hacerlo de forma ágil, sino que tienen que esperar también dos o tres ejercicios para poner en marcha sus instalaciones. Esa realidad «no es compatible con la urgencia que tenemos a la hora de desarrollar la transición energética», ha indicado Jordi Sevilla.
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