El Ejecutivo acelera la implantación de peajes en las autovías

Sánchez avanzó que ya se están realizando diferentes estudios y análisis para determinar qué sistema de pago se implementará finalmente, aunque matizó que será una tarificación «justa, rigurosa y sostenible». El objetivo de esta medida, que ya han implantado 24 de los 27 países de la Unión Europea, según la ministra, es obtener recursos extra para los millonarios gastos de conservación de las carreteras. Se trata de una partida que se come unos 9.000 millones de euros de las cuentas públicas.

Fue el antecesor de la ministra Sánchez, el extitular de Transportes José Luis Ábalos, quien puso esta medida encima de la mesa meses atrás. Más bien, este debate, que ahora está más cerca de materializarse. Se tratará de un sistema «que se someterá al debate y al análisis de los agentes sociales, económicos y del sector del transporte».

La ministra ha enfatizado que el sistema resultante buscará que no se generen agravios territoriales, algo que ahora pasa debido a que hay regiones con peajes y otras sin ellos e incluso algunos más caros que otros. «Buscaremos el consenso político para establecer un sistema que esté a la altura y para el cual ya se está analizando la mejor opción», ha concluido Sánchez, asegurando que el resultado se presentará de aquí a unos meses.

La número dos de Transportes, Isabel Pardo de Vera, dio un paso más allá al indicar que es «imperativo» el pago de una tasa por el uso en las autovías. La secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, instaba en este sentido –dentro de un foro sobre infraestructuras celebrado en Pontevedra– a «no aplazarlo más».

Pardo de Vera defendió que ese «pago por uso» ofrecerá una solución al «creciente déficit» en materia de conservación de carreteras permitiendo obtener así una fuente de ingresos extra y directa. A su juicio, los 1.400 millones de euros que destinarán en 2022 los Presupuestos Generales del Estado para el mantenimiento de estas infraestructuras son «insuficientes», por lo que considera que España debe dar un «paso más» hacia los cambios que demandan las autoridades europeas. La medida se encuentra incluida en el plan de recuperación enviado a Bruselas.

No aprobar esta tasa, indicó Isabel Pardo de Vera, «detrae recursos» para el mantenimiento de carreteras «en detrimento de los que habrían de ser destinados a reforzar el aseguramiento de la sanidad, la educación o la justicia». Ese perjuicio –apuntó– se agrava con la recaudación de peajes «desequilibrados» en el territorio, «generando profundas brechas de oportunidad».

Pardo de Vera resaltó que el modelo impuesto en Europa «es un 60% de tasa de uso y un 40% de peajes», por lo que preguntó si «alguien puede entender» que los camioneros españoles «paguen por usar las carreteras de toda Europa» y los extranjeros «usen gratis» las estatales. Además, recordó que entre 2018 y 2026 se han liberado o se liberarán 1.244 kilómetros de la red de autopistas y se han aprobado descuentos «históricos» en aquellas que siguen con concesión debido a decisiones «que nos dejaron rehenes de su gestión».

Por su parte, el Real Automóvil Club de España insistió ayer en su oposición frontal por ser una medida que «vuelve a cargar de problemas las espaldas y bolsillos de los conductores». Sobre todo, añadió, porque «los pone en serio peligro al obligar a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas».