Desahucios y cortes de luz, prohibidos durante todo el estado de alarma

La aprobación llega después de varias semanas de choques –en público y privado– entre los miembros del Ejecutivo de los dos partidos de la coalición. Desde una parte del Gobierno, la de Unidos Podemos, instaban a paralizar esos desahucios bajo cualquier circunstancia, mientras que en la otra, la del PSOE, también trabajaban por la seguridad jurídica. Las diferencias llegaron hasta el mismo momento de la rueda de prensa habitual tras el consejo de ministros.

En ese encuentro con los periodistas, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, destacaba que la nueva norma era «extraordinaria para un momento excepcional de dificultad», que «no legitima ninguna ocupación de vivienda», que «refuerza las garantías judiciales» y que compromete al resto de administraciones. Pero los recelos parecen ser de tal calibre que, el propio vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, publicaba en ese mismo momento un video en las redes valorando la medida. Iglesias aclaraba que el decreto antidesahucios «no es la panacea» pero dará tranquilidad a las familias.

Aunque la prohibición de desahucios estará en vigor hasta mayo, también se habilita la posibilidad de compensar a los propietarios. Si media un contrato, tanto los arrendatarios particulares como los grandes inmobiliarias tendrán derecho a solicitar esa compensación si el informe que deberán presentar los servicios sociales al juez acredita la vulnerabilidad de las familias. Será el precio medio de alquiler del entorno en el que se ubique el inmueble (a partir de los índices de referencia) más los gastos corrientes asumidos y acreditados por el arrendador.

Como novedad, se paralizarán durante tres meses los desahucios de familias vulnerables sin contrato, aunque solo si ocupan viviendas vacías de grandes tenedores (más de diez inmuebles) y tienen menores o dependientes a cargo o son víctimas de violencia machista. En estos casos, fondos, entidades y sociedades propietarias podrán solicitar una compensación si demuestran que se les ha perjudicado.

La otra gran cuestión que ha provocado roces ha sido la de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas). Finalmente estarán prohibidos hasta el 9 de mayo. Pero hace una semana, Unidas Podemos se quejaba antes del Consejo de Ministros de lo que consideraba una «negativa reiterada» del Ministerio de Transición Ecológica a prohibir esa suspensión. Fuentes del departamento energético aclaraban entonces que habían trasladado a la vicepresidencia social su propuesta, que pasaba por prolongar la prohibición de cortes durante cuatro meses «para abarcar todo el invierno».

A esta medida de los cortes se encuentran acogidos los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión. También los usuario sin contrato que no tienen condición de vulnerabilidad pero la acreditan.

Por último, se abre de nuevo el plazo (un mes más)para que los parados que agotaron sus prestaciones en el estado de alarma anterior pidan el subsidio especial de 430 euros de tres meses, como habían pedido los sindicatos ante la escasez de solicitudes.