Contratos menores, la trampa de las grandes ciudades para eludir controles

Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza son, según el INE, los consistorios de ese podio municipal. Y en ellos el número de contratos menores representa, en promedio, el 87,3% del total de acuerdos que suscriben, oscilando entre el 77,8% en la capital maña y el 96,8% en la principal ciudad levantina. No obstante, su peso respecto al presupuesto total de la partida de adjudicaciones es, obviamente, más reducido: el 18.4% en promedio.

Pero, ¿de qué tipo de documentos hablamos? Hasta la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, eran los contratos por obras inferiores a 50.000 euros o bien de otros servicios inferiores a 18.000. Tras la entrada en vigor de dicha normativa en marzo de 2018 (el informe del TCu se refiere a un período anterior), esos topes se han reducido a 40.000 y 15.000 euros, respectivamente, aunque las comunidades autónomas podrían imponer límites más restrictivos. Asimismo, este tipo de acuerdos no puede durar más de un año, ni tampoco prorrogarse.

Y aunque en cuatro de los seis consistorios analizados (Madrid, Málaga, Sevilla y Zaragoza) la normativa interna favorecía que se pudieran reducir los riesgos por abusar de este tipo de convenios, el Tribunal de Cuentas ha encendido la alarma sobre su utilización. Y es que «en todos» los grandes ayuntamientos se han detectado contratos menores a través de los cuáles «se ha adjudicado de forma separada el desarrollo de actuaciones» que, en realidad, eran «de carácter necesario, reiterado y previsible», esto es, justo aquellas que la normativa señala que deberían adjudicarse a través de acuerdos ordinarios.

Lo mismo ocurre con «la realización de prestaciones de naturaleza similar que podían responder a un fin único», otro de los usos casi recurrentes que dan los grandes municipios a los contratos menores y que, sin embargo, la ley indica que deberían incluirse en pactos de mayor tamaño y, por ende, con un control previo importante. Máxime cuando, como han detectado los técnicos, su adjudicación «ha recaído, en ocasiones, en el mismo contratista», extremo que se podría disimular recurriendo a la distribución de las obras o servicios en convenios de tamaño inferior.

A fin y al cabo, como resalta el Tribunal de Cuentas en su informe, «en algunas ocasiones» el «fraccionamiento de las prestaciones (contractuales) persiguió eludir los requisitos de publicidad y relativos al procedimiento de adjudicación legalmente aplicables»;esto es, sugiere que en dichos casos prácticamente se habrían saltado la ley para ocultar información de determinados acuerdos. Yhace esa afirmación tras haber analizado «la identidad del objeto» de esos contratos menores, de «la unidad administrativa proponente» y también del propio adjudicatario.

Los ayuntamientos de Barcelona –fundamentalmente–, Málaga y Valencia son los que aparecen más señalados en ese aspecto negativo. Ya en general, los auditores estatales también critican que, pese a incluir los contratos menores en sus portales de transparencia, los grandes consistorios «no incluyeron todos los datos requeridos por la normativa legal». Además, detectan «carencias significativas en los sistemas internos de registro de la actividad contractual».

Desde hace un año, la nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación obliga a las administraciones públicas del Estado a pedir, al menos, tres ofertas antes de adjudicar un contrato menor. Aún así, se abusa de la picaresca: casi un 10% de esos acuerdos oscilan entre los 14.900 y 14.999 euros para evitar mayor control.