Consumo podrá sancionar a grandes empresas por fraudes masivos

El departamento que dirige Alberto Garzón compartirá así las competencias sancionadoras con las comunidades autónomas, que hasta ahora eran las únicas que podían sancionar en estos casos. La asociación de consumidores Facua celebra la medida al asegurar que reclamaban este cambio en la ley desde 2015.

Así, a partir de ahora en casos de fraudes masivos (como el 'diselgate' de Volkswagen, las cláusulas suelo de las entidades bancarias o las devoluciones de los billetes cancelados por aerolíneas por la pandemia, entre otras) el Ministerio de Consumo podrá actuar como autoridad sancionadora y aplicar multas proporcionales a la gravedad de los hechos, el número de consumidores afectados y el beneficio ilícito obtenido por las empresas, aseguran fuentes de Facua.

De esta forma el ministerio asume competencias que hasta ahora solo pertenecían a las comunidades autónomas sancionando infracciones que ocurran en España o en otro estado de la UE multando a empresas nacionales o que no estén localizadas en España en caso de comercio electrónico.

Aún así, las comunidades seguirán teniendo las competencias sancionadoras que asumieron con al Ley de Defensa de los Consumidores en su primera versión de 1984. La novedad es que si una comunidad toma medidas ante un fraude que afecte a consumidores de varias regiones, podrá multar en función de los afectados de su territorio, pero el Ministerio de Consumo abarcará todo el territorio.

Garzón señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta herramienta corregirá la «asimetría» de poder entre grandes compañías y consumidores. De esta forma, espera que gracias a este nuevo régimen se «desincentiven» los fraudes y «ni siquiera haga falta usar» este mecanismo. Las sanciones máximas que podrá imponer el Estado serán de un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en caso de infracciones en España, y hasta el 4% del volumen de facturación de la empresa si se produce en otro estado miembro.

Entre las nuevas infracciones contempladas por la ley, se encuentra por ejemplo la persecución de la reventa de entradas a espectáculos mediante bots, la prohibición de la publicidad encubierta en redes sociales y la publicación de reseñas y valoraciones falsas o pagadas por el fabricante en los productos a la venta en internet.