Primer día de huelga indefinida en El Prat, primer día sin apenas colas

Alrededor de 10 minutos a media mañana, y en torno a los 20 a primera hora de la tarde, fue el máximo de tiempo que los miles de usuarios del aeropuerto tardaron en pasar por los arcos de seguridad y escáneres que dan acceso al área reservada a las personas que van a volar. Nada que ver con el mínimo de media hora que tuvieron que aguardar quienes acudieron a El Prat durante las jornadas de paros parciales en las dos semanas anteriores, en las que hubo colas que duraron hasta hora y media.

La diferencia resulta obvia. En la primera semana de huelga de celo de los vigilantes de Eulen, concesionaria de ese servicio en el aeropuerto barcelonés y otra veintena más de la red de AENA, más de un millar de personas perdieron su vuelo. Este lunes, por el contrario, ninguno lo hizo.

El principal motivo de este cambio drástico fue el despliegue ya efectivo de los refuerzos de la Guardia Civil que el Ministerio de Fomento pidió al de Interior. En teoría, según el Gobierno, solo harían tareas de apoyo para «garantizar la seguridad de los pasajeros y el orden público», pero en la práctica parecen estar sustituyendo en parte algunas labores de los vigilantes de Eulen y, sobre todo, tratando de agilizar su labor como se vio durante toda la jornada.

El comité de huelga de la plantilla presentó este lunes en ese sentido varias denuncias ante Inspección de Trabajo (dependiente aquí de la Generalitat catalana), en las que afirma que algunos trabajadores de baja o ya en vacaciones habían sido convocados por la compañía para cubrir los servicios mínimos del 90%. Asimismo, señalaron que otros habrían sido presionados por algunos agentes de la Guardia Civil con prisas para hacer su labor.

La crítica sindical, no obstante, se cebó en lo elevado de esos mínimos, fijados por la delegación del Gobierno al tratarse de «servicios esenciales» y porque «podrían verse afectados gravemente derechos fundamentales», como el de libertad de circulación. UGT, sin embargo, los tachó de «abusivos» y anunció que recurrirán ante la Audiencia Nacional. CC OO, por su parte, acusó al Ejecutivo de «vulnerar» el derecho de huelga» e incluso su exlíder, Ignacio Fernández Toxo, llegó a hablar de «militarización» y «regímenes totalitarios».

Desde el plano político, y en un tono parecido, el PSOE se alineó con los huelguistas acusando al Gobierno de recurrir al «esquirolaje» mediante la Guardia Civil, a fin de garantizar así la operatividad de El Prat. Esas formas «autoritarias», según la formación socialista, también fueron criticadas por el principal sindicato del instituto armado, AUGC, que señaló que los agentes se sienten «utilizados» para «sacar las castañas del fuego» y reclamó «más diálogo» para solucionar un «conflicto laboral».

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, les respondió que ha existido un «respeto escrupuloso» del derecho a la huelga y defendió que no ha habido problemas entre la Guardia Civil y los trabajadores, «ni los habrá». «El refuerzo ha funcionado», se felicitó tras presidir la reunión del comité de seguimiento de la huelga, en el que participaron entre otros AENA, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

El titular del ramo sostuvo que El Prat «ha recuperado la normalidad». Sin embargo, y dado que la huelga persiste, anunció que el Consejo de Ministros se reunirá de forma extraordinaria este miércoles para aprobar los requisitos necesarios para imponer un arbitraje a las partes, una vez recabado el apoyo de la Generalitat, que tiene las competencias laborales.

«Finalizada la mediación –el domingo, tras rechazar los vigilantes su propuesta–, solo queda ese recurso», dijo De la Serna, aunque no concretó plazos. De no consensuar ahora Eulen y su plantilla un árbitro “independiente” y también «de prestigio» -como definió el ministro-, le designará el Gobierno y su laudo, de cumplimiento obligatorio, podría estar listo en unos diez días desde que pudiera poner en marcha y hablar con los implicados.