La CNMC no podrá fijar los peajes de la luz y el gas hasta 2020 y bajo supervisión

De hecho, en diciembre el Ministerio para la Transición Ecológica ya elaboró su propia propuesta para 2019, que luego fue informada por la CNMC -de cara al próximo ejercicio será al revés- precisamente con algún apunte critico. Por ejemplo, en el caso del sector gasista estimaba que el Ejecutivo había infravalorado el número de clientes y el volumen de carga en cisternas, mientras sobrevaloraba las capacidades contratadas y facturadas. De los ingresos previstos de cierre de 2018 y 2019, veía que serían insuficientes y generarían un déficit de 400.000 euros, en vez del superávit de ingresos de 5,4 millones que se incluía.

Unos «errores» que, sin embargo, no frenaron la aprobación de los nuevos peajes de electricidad y gas para este año. Para otoño será el regulador el que tendrá la iniciativa de calcular esos cánones de cara a 2020, si bien «deberá de tener en consideración las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética», y que luego materializará en unas «orientaciones de política».

El Ejecutivo quiere mantener así una supervisión estrecha sobre cualquier factor que pueda incidir en el precio final de los suministros energéticos. Entre las pautas gubernamentales a las que deberá atender la CNMC figuran la seguridad del suministro y su «independencia», la «sostenibilidad económica y financiera» de los sistemas eléctrico y gasista, la calidad del aire y el respeto medioambiental, el manejo de la demanda y la «gestión de las elecciones tecnológicas futuras», esto es, si el Ministerio decide primar el uso de unas fuentes respecto a otras según lo anticuado y costoso que sea.

Pese a ello, desde el departamento que dirige la ministra Teresa Ribera sostienen que «no menoscaba la responsabilidad de cada institución en materia de energía». Afirman que el órgano que preside José María Marín Quemada tendrá «la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones», aunque acto seguido recuerdan que la Constitución establece que las bases del régimen minero y energético son «competencia exclusiva del Estado».

Fruto de ese reparto en la CNMC recaerá la aprobación de «la estructura, metodología y los valores concretos» de los peajes -hablamos del control de 7.000 millones de euros anuales de costes regulados-, así como las retribuciones de las actividades de transporte y distribución de gas y electricidad y de las plantas de gas natural licuado. También se encargará de las remuneraciones del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista.

El Ministerio, que mantendrá bajo su batuta directa otros 12.000 millones de ese tipo de costes -es decir, el 60% de los cargos que se suman en la factura al consumo energético real-, aprobará las reglas y supervisará que se aplican las medidas necesarias para «garantizar el suministro en situaciones de emergencia». También decidirá la estructura de los cargos, su metodología y sus valores, además de mantener la planificación de las redes de transporte de la electricidad y el gas.

Por último, determinará los criterios y procedimientos que las concesiones de acceso y conexión deban satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables.

Pero, ¿qué pasará en caso de discrepancias entre unos y otros? Pues, en teoría, cada uno tendrá libertad de decisión sobre sus competencias. Sin embargo, en el caso de la CNMC_ deberá someterse a una Comisión de Cooperación con tres miembros de cada parte aunque, de persistir el desacuerdo, bastará con indicar que se ha «oído» al Ministerio.