Calviño desliga la posición de la Abogacía del Estado sobre el procés de los Presupuestos

Calviño ha descartado así considerar este cambio en la calificación inicial de gesto hacia los independentistas de cara a la aprobación de las cuentas públicas de 2019, y ha insistido en que no le parece bien «mezclar cuestiones presupuestarias con otras que no tienen nada que ver».

Además, ha señalado que el Gobierno «ha sido muy claro a la hora de marcar la separación de ambas cuestiones y de respetar la independencia judicial».

En estas circunstancias, Nadia Calviño ha anticipado que el Ejecutivo calcula poder presentar los Presupuestos en el Congreso a comienzos de diciembre, momento en que «se verá qué opciones hay o qué decisiones hay que tomar».

Respecto a la posibilidad de una prórroga de los presupuestos en vigor por falta de apoyo parlamentario, ha recordado que «no sería la primera vez que se utiliza» este mecanismo «con los ajustes necesarios en el sistema».

Calviño se ha referido en su entrevista a la decisión del Gobierno de trasladar a los bancos la obligación de pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados vinculado a las hipotecas.

Ha defendido la no supresión de este tributo porque forma parte del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas: «Privarlas de recursos pone en peligro su capacidad para atender las necesidades y los derechos de los ciudadanos».

La titular de Economía y Empresa ha argumentado también a favor de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada por el Gobierno, y respecto a su impacto en los autónomos ha explicado que se han abierto mesas de negociación para «garantizar que el régimen especial de autónomos es también sostenible a largo plazo».

Por otra parte, la ministra ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a pensionistas y beneficiarios del sistema de Seguridad Social porque «es sólido», aunque ha apostado por «reflexionar sobre la estructura de ingresos y de gastos» para garantizar pensiones «dignas» ahora y dentro de 20 o 30 años.

Y en cuanto a la deuda pública, ha manifestado que el Ejecutivo quiere reducirla en 2018 y 2019 «al doble del ritmo que se ha reducido en los últimos tres años» mediante medidas de ajuste estructural que permitan bajarla del 98,1% del PIB en 2017 al 95,5% a finales del próximo año.