Bruselas avisa de que unir pensiones e IPC lastra al sistema y perjudica a los jóvenes

Así lo recoge el denso informe que desveló este miércoles la Comisión Europea sobre el estado de salud de la economía de un país, que mantiene como Talón de Aquiles «la combinación de vulnerabilidades vinculadas a la alta deuda privada, gubernamental y externa»; el 95,5% del PIB el pasado año, «tozudamente alta», se remarca, y que no se está corrigiendo al ritmo deseado.

El documento, de 116 páginas (el 'Paquete de Invierno del Semestre Europeo', como se le conoce aquí) alerta de la intención del Ejecutivo de seguir alineando las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC) y disociar los niveles del subsidio de los cambios en la esperanza de vida de los españoles. Y todo sin acompañarlo de «medidas compensatorias adecuadas». Los expertos entienden que esa promesa electoral «aumentaría significativamente el gasto en pensiones a medio y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional».

Algo que se produce, añaden los servicios de la Comisión, «en un contexto donde se espera que la adecuación futura de estas prestaciones sea, en promedio, superior a la de la UE, y (en un país) en el que la pobreza afecta principalmente a los grupos de edad más jóvenes, incluidos los niños».

Sin ingresos complementarios que amortigüen (lease subida de impuestos, incluso del IVA) sería inviable para la economía soportar el volumen de gasto que se le viene encima.

Bruselas lanza sus propios cálculos: vincular las pensiones de forma sistemática a la evolución de la inflación disparará «alrededor del 4% del PIB» el desembolso en 2050. Y a ello habría que añadir una losa del 0,7% al posponerse el factor de sostenibilidad. Dicho de otro modo, se corre el riesgo de beneficiar a los perceptores de hoy en detrimento de las futuras generaciones.

Y es aquí donde llega el golpe a la línea de flotación; la apostilla de la «equidad intergeneracional». Siguen fallando los mimbres. Porque no solo el nivel de desempleo actual es aún muy elevado (del 13,8%, aunque se espera que caiga al 12,8% en 2021), sino que al mercado laboral le falta estabilidad y la brecha salarial es acusada.

Bruselas asume que las citas electorales y los problemas para formar nuevo Gobierno «obstaculizaron la implementación de reformas de gran alcance». Pero la cuestión es que los problemas persisten. Un ejemplo: los «riesgos de pobreza son mucho más altos» entre los trabajadores temporales, que representan el 26% del total, muy por encima de la media de la UE.

Otro: España tiene elevados índices de riesgo de exclusión y pobreza de la población infantil. En 2018, se cuantificó en un 29,5% en el grupo de 0 a 17 años. Y otro ejemplo más: el gasto público en prestaciones familiares en España representó apenas el 1,2% del PIB en 2017, la mitad del promedio de sus socios (2,3%).

¿Y qué pasa con el salario mínimo y las subidas aprobadas o previstas? Aquí se avisa primero a Moncloa de que no debería tumbar la reforma laboral de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy. Sucintamente, le indica que «ha respaldado una fuerte creación de empleo durante la recuperación». Y, a continuación, le reprocha la subida escalonada del SMI cuando «el impacto (de la primera) en el empleo y la pobreza aún no se haya cuantificado».

El pasado año, el salario mínimo creció un 22,3% (los 900 euros al mes que pactaron PSOE y Podemos) y eso «elevó los costes laborales, especialmente en algunos sectores y regiones», según las estimaciones comunitarias. Este año, lo hace un 5,6% (hasta 950 euros). «Y se anuncian otras subidas más hasta 2023». El Gobierno quiere que al final de la legislatura suponga el 60% del salario medio. Un nivel que en 2018 solo existía en tres países de la UE, recuerda Bruselas; todos con «tasas de paro mucho más bajas».