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Salvador Arroyo
Bruselas
Miércoles, 3 de marzo 2021, 12:26
El pacto de Estabilidad y Crecimiento, y en concreto la obligación que impone a los Estados de converger hacia una deuda pública no superior al 60% y ajustarse a un déficit del 3%, se mantendrá en suspenso dos años más. La Comisión Europea despejó este ... miércoles la incógnita. En una comunicación para orientar las políticas fiscales de los próximos años, plantea que la barra libre al gasto público deberá seguir en 2022 por la incertidumbre que rodea a las nuevas variantes del coronavirus y porque con los últimas proyecciones 'macro' encima de la mesa los niveles de crecimiento del PIB prepandemia no se alcanzarán hasta 2023.
«Las actuales indicaciones preliminares sugerirían continuar aplicando la cláusula de escape en 2022 y desactivarla a partir de 2023», se señala. Esa cláusula es el botón de 'pause' a los criterios del Pacto, que se pulsó en marzo de 2020, coincidiendo con la crisis, para que los países se volcasen en la respuesta a la emergencia sanitaria. «Un año después todavía estamos en medio de una situación difícil. La lucha contra la pandemia no se ha ganado todavía», incidía el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
El criterio de base para mantener el grifo abierto más tiempo del que inicialmente se creía -este 2021 llegó a ser la referencia para restablecer las normas en el bloque- es que muchos países no conseguirían alcanzar los niveles de crecimiento que tenían a finales de 2019. España, entre ellos. Ya las previsiones de febrero lo auguraban. Su PIB escalaría este año más que ningún otro en la UE, un 5,6%, y un 5,3% el próximo ejercicio. Pero necesitará dos ejercicios más para neutralizar el desplome del 11% de 2019. Quedaría a una décima.
«El nivel de actividad económica en la UE o la eurozona en comparación con los niveles precrisis será el criterio cuantitativo clave para la Comisión al hacer su evaluación general sobre la desactivación o el mantenimiento de la cláusula general de escape», remarca Bruselas. Las claves llegarán a mediados de mayo. Con datos de evolución ya actualizados y específicos por país. El paquete de primavera del Semestre Europeo planteará entonces «la implementación de reformas e inversiones para impulsar el crecimiento potencial». Y en este sentido, la reforma laboral y la sostenibilidad del sistema de pensiones español se prevé que vuelvan a ser dos de las variables en las que se volverá a insistir a España, como ha venido sucediendo los últimos años.
La esencia general del mensaje es que la política fiscal «debe seguir siendo ágil y adaptarse a la evolución de la situación». Debe continuar. Y «una vez disminuyan los riesgos para la salud», adaptarse; «pivotar gradualmente hacia más medidas específicas y con visión de futuro que promuevan una recuperación resiliente y sostenible», aconseja Bruselas. En todo caso, se subraya, las situaciones específicas de cada país se seguirán teniendo en cuenta tras la desactivación de la cláusula de escape. «En caso de que un Estado miembro no se haya recuperado al nivel de actividad anterior a la crisis, todas las flexibilidades del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se utilizarían plenamente». La cuestión es cómo. Y eso está por decidir.
Porque varios países se adentraron en esta crisis lastrados por una deuda pública elevada. España cerró 2019 con el 95,5% en relación con su PIB. Pero fue Italia la que se disparó hasta un colosal 130% y con la crisis del coronavirus se ha ido por encima del 155%. «Los Estados miembros con altos niveles de deuda pública deben mantener políticas fiscales prudentes», aseguró el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrowskis.
La nueva 'hoja de ruta'
Y aquí entra en juego otro factor. El de la revisión de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de cara a la nueva etapa. Porque con los parámetros actuales serían muchos los Estados que saldrían de la crisis con registros que, según las normas, les condenarían a la apertura de procedimientos sancionadores por déficit excesivo. Colocarse bajo la lupa de Bruselas por saltarse las normas. Entre 2010 y 2011, en el punto álgido de la crisis del euro, se abrieron expedientes a 24 Estados. A España en 2009, y tardó una década en superar el examen.
«La revisión de las normas es un tema que encuentra divisiones en nuestra familia (europea). Es importante construir consensos, y eso es algo que no se puede dar en sólo una reunión», reconoció Dombrovskis. Los planes de recuperación serán claves para establecer las hojas de ruta de los socios. De momento todos son borradores. Aunque se le resta importancia «porque necesitamos trabajar más sobre esos proyectos para que una vez se tramiten puedan ser aprobados sin demasiados tropiezos».
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