Salvador arroyo
Bruselas
Miércoles, 17 de junio 2020, 16:11
Los subsidios de gobiernos de terceros países en empresas de la UE están teniendo un impacto negativo creciente en la competencia. Es el diagnóstico de Bruselas, que teme mayores distorsiones en el actual contexto de debilidad del tejido empresarial europeo por culpa de la ... crisis pandémica. ¿Su receta? Poner en marcha un marco regulatorio similar al que rige con las ayudas de Estado a sus empresas nacionales. Si hay reglas claras para el capital público comunitario, lo lógico es que se fijen también para el que mana del exterior, argumenta.
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Así que hasta el próximo 23 de septiembre la Comisión Europea mantendrá abierta una consulta pública para elaborar una propuesta legislativa que pueda servir de dique de contención. No se señala explícitamente a nadie, pero el expansionismo comercial asiático está en el punto de mira. Porque China inyecta fuertes sumas de dinero en muchos de sus colosos empresariales, que terminan colocando bajo su órbita a firmas europeas.
El Ejecutivo comunitario sostiene que las subvenciones extranjeras «parecen haber facilitado la adquisición de empresas de la UE o distorsionado las decisiones de inversión», pero también están condicionando operaciones en los mercados, políticas de precios, acceso a ayudas de la Unión e incluso condicionando la contratación «en detrimento de las empresas que no perciben esas subvenciones».
«Necesitamos las herramientas adecuadas para garantizar que los subsidios extranjeros no distorsionen nuestro mercado, tal como estamos haciendo con las ayudas nacionales», ha defendido la comisaria responsable de Competencia, Magrethe Vestaguer este miércoles durante la presentación de lo que se ha denominado el 'Libro blanco', que debería incorporar esas nuevas reglas para responder a las distorsiones.
Las ayudas de Estado europeas a sus empresas siempre han estado sujetas a las normas comunitarias para evitar prácticas que alteren una competencia en igualdad de condiciones. Aunque con el Covid-19, se han relajado las reglas para evitar el colapso de muchas de ellas. Una decisión sin precedentes que siguió en el tiempo a la suspensión inédita del Pacto de estabilidad y Crecimiento (que ata a los gobiernos a cumplir con márgenes de endeudamiento público y déficit).
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Según datos del pasado mayo, la cobertura de los Estados a sus empresas autorizada por Bruselas había alcanzado los 1,95 billones de euros y de ellos, el 51% habían sido articuladas por Alemania, muy por delante de Francia (17%) o Italia (15%). El margen fiscal está, en definitiva, marcando la inercia de esa cobertura. En el caso de España apenas si se habían tramitado a esa fecha el 3%.
«Cuando empezamos a recuperarnos de daño del Covid-19 necesitamos más que nunca ese mercado único y evitar que se distorsione la igualdad de condiciones», ha remarcado la comisaría danesa responsable de Competencia. «Estamos ante una brecha y eso tiene que cambiar», planteó en alusión a los subsidios extracomunitarios. Una situación que requerirá controles dentro del club y en concreto verificar los fines de esa cobertura bien por adelantado o a medida que vayan surgiendo los problemas.
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Varios enfoques. La Comisión propone actuar si una compañía que opera en Europa recibe una ayuda «que pueda ser perniciosa» para el mercado único. Se plantea un umbral orientativo para firmas con un nivel de facturación superior a los cien millones de euros y posibles ayudas exteriores percibidas en los últimos tres años. Pero esa referencia no es definitiva. Tampoco se propone la retroactividad.
No se actuaría contra beneficiarias de subsidios que hayan tenido un efecto positivo (han permitido incentivar la contratación, por ejemplo, o dar un empuje a la transformación digital). Pero ante casos 'sospechosos' se podría incluso bloquear los incentivos. Incluso se paralizaría un proceso de adquisición mientras la Comisión Europea no la autorice, si se han requerido ayudas públicas europeas. En última instancia se llegaría incluso a bloquear una fusión o absorción. Todas las empresas que acudan a un concurso público, de hecho, estarían obligadas (según la propuesta de la Comisión) a notificar si reciben subsidios de terceros países para que supervisores nacionales verifiquen si compiten con la suficiente equidad. La intención de Bruselas es contar con un mecanismo el próximo año, aunque se admite que el tema «es lo suficientemente controvertido» como para que la iniciativa legislativa pueda demorarse más tiempo.
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