Bruselas pide a España «prudencia» con el gasto para garantizar la sostenibilidad

El informe llega semanas después de que la Comisión Europea confirmase en sus últimas previsiones que existe una inercia de expansión. Aunque eso sí, con un ritmo desigual y que está condicionada por la incidencia de los altos precios de la energía, los problemas en la cadena de suministro y el nuevo repunte de contagios por coronavirus. Sin perder de vista todos esos condicionantes, el Ejecutivo comunitario pide «mantener una orientación fiscal moderadamente favorable en 2022 en toda la zona euro y que las medidas de política fiscal giren gradualmente hacia inversiones que promuevan una recuperación resiliente y sostenible».

Incide así en la necesidad de no precipitarse con medidas de contención que puedan llegar a estrangular el crecimiento. Los diecinueve que comparten divisa «deben mantener una política fiscal ágil para poder reaccionar si reaparecen los riesgos de pandemia», se plantea como recomendación general. Y una vez que las condiciones económicas lo permitan, deberían aplicar políticas destinadas «a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que aumentan la inversión». El complicado equilibrio que se plantea como objetivo desde hace meses. Bruselas también pide avanzar para completar la Unión Bancaria, fortalecer el papel internacional del euro y apoyar el proceso de creación de un euro digital.

En este paquete se hace referencia también al Informe sobre el Mecanismo de Alerta, que tiene como objetivo detectar posibles desequilibrios macroeconómicos. Y aquí es donde vuelve a aparecer España y otros otros once países, cuya situación requerirá «revisiones a fondo». España, pero también Alemania, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumania y Suecia. Todos ellos ya estaban sujetos a ese mecanismo de revisión en el anterior informe anual del Semestre Europeo. Y de todos ellos sólo en los casos de Chipre, Grecia e Italia se alerta de «desequilibrios excesivos».

«Los nuevos informes de control evaluarán cómo se han desarrollado esos desequilibrios, analizando su gravedad, evolución y la respuesta política proporcionada por los Estados miembros, para actualizar las evaluaciones existentes y evaluar las posibles necesidades políticas pendientes», subrayan desde el Ejecutivo comunitario.

A Bélgica, Francia, Grecia, Italia y España, dado el nivel de su deuda pública y los «altos desafíos de sostenibilidad a medio plazo antes del estallido de la pandemia» ya se les dice que «es importante preservar una política fiscal prudente para garantizar unas finanzas públicas sostenibles a medio plazo». La idea sería que el país debería destinar las ayudas europeas -España ha solicitado 69.500 millones de un total de 140.000 millones- «íntegramente» a financiar todas las inversiones adicionales para no desbocar sus gastos.

Una situación que ya se está produciendo en Italia; la única gran economía de la UE que recibe un toque de atención explícito: «No limita suficientemente el crecimiento del gasto corriente financiado a nivel nacional. La Comisión invita a Italia a tomar las medidas necesarias», apostilla. Rumanía continúa siendo, hoy por hoy, el único país que se encuentra bajo el brazo corrector por déficit excesivo. La Comisión recomienda a su gobierno moderación y que la corrección de su trayectoria fiscal comience a dar resultados en 2024.

La Comisión Europea estima que el próximo año, las subvenciones del 'Next Generation EU' financiarán el 24 % del total de medidas de apoyo a la recuperación. Y se espera que los Estados gasten más del 40% del importe total de las ayudas asignadas. Hasta la fecha se han aprobado 22 planes nacionales de recuperación y resiliencia. Esto ha desbloqueado desembolsos como anticipos por valor de 52.300 millones de euros para diecisiete socios del club desde el pasado agosto. En total, los planes que han obtenido luz verde tanto de la Comisión como del Consejo suponen 291.000 millones de euros en subvenciones y 154 000 millones de euros en préstamos.