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La Comisión Europea da por hecho que el nuevo sistema de 'pago por uso' propuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia español estará listo el próximo año. Pese a que desde el Ministerio de José Luis Ábalos habían defendido que la polémica medida ... solo se pondría en marcha si hay consenso entre los partidos, el organismo comunitario hizo públicos este miércoles una serie de documentos y anexos en los que deja claro que este es un compromiso firme del Gobierno. Es decir, si no se cumple, habría problemas para seguir desembolsando fondos europeos.
En estos documentos, Bruselas viene a describir las principales propuestas de España para acceder a los 70.000 millones en transferencias directas de los Next Generation EU. Y, en uno de estos anexos, queda patente que la propuesta para un nuevo sistema de peajes tendrá que estar lista en el primer semestre de 2022 para que entre en vigor en 2024.
Estas fechas eran las que el propio Gobierno barajaba en el plan remitido a la Comisión. Pero, tras la polémica por esta posible subida de 'impuestos al tráfico' en carreteras, el ministro Ábalos dejó claro que, aunque habría que hacer «un gesto con Bruselas», sin consenso la medida no se aprobaría. En concreto, indicó que lo que se intentaba con la propuesta era «abrir un debate sobre política pública».
El hecho de que el Gobierno tenga que cumplir los hitos comprometidos con Bruselas para acceder a los fondos hace que ese debate e intención de consenso tenga que agilizarse en los próximos meses para que el Gobierno presente su propuesta antes de que termine el verano del próximo año.
El anexo publicado por Bruselas se refiere, en concreto, a la reforma 4 (C28.R4) en la que se analizan las medidas fiscales para contribuir a la transición ecológica. Tal y como consta en el Plan de Recuperación, Bruselas recuerda que las medidas comprometidas incluyen el impuesto a los residuos, a los plásticos no reutilizables, o «impuestos y pagos relacionados con la movilidad, como los peajes en las carreteras y en el registro de vehículos». El texto deja claro que «la implementación de estas medidas debe estar completada el 30 de junio de 2022«.
Desde el Ministerio de Transportes siempre han defendido que «no se trata de decidir de pagar o no, sino cuándo y cómo». Es decir, tienen claro que la medida acabará llevándose a cabo. Pero los plazos comprometidos impedirán dar una patada hacia delante si no hay consenso en el Congreso. Y todo apunta a que no lo habrá ante la firme oposición que han mostrado los distintos grupos políticos en los últimos meses de polémica.
Pese a todo, la decisión se llevará a cabo. Según los datos manejados por el Ministerio, el coste de mantener los 26.466 kilómetros de carreteras, de los que unos 12.000 son de alta capacidad, ronda los 11.000 millones de euros, y el déficit generado se acerca ya a los 8.000 millones. «Para hacerse una idea, el coste de mantenimiento de un tramo de 400 kilómetros ronda los 200 millones de euros», indican desde el Ejecutivo.
Recuerdan, además, que hasta 23 países europeos tienen tarificado el cien por cien de su red de autovías. Alemania, por ejemplo, implantó en 2018 el peaje en todas sus carreteras federales de 38.000 kilómetros de extensión. Solo Chipre, Malta, Finlandia y Estonia mantienen toda su red 'gratuita'.
En el caso español, las carreteras de peajes han pasado de 3.304 a 2.207 kilómetros tras las últimas reversiones, pero el país aún concentra el 73,5% de toda la red libre en Europa, según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).
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