El Banco de España plantea usar los fondos europeos para la 'mochila austriaca'

De hecho, el organismo calcula que el coste de lanzar esta medida rondaría 8.000 millones de euros, que podrían ser financiados, según su análisis, con parte de los fondos europeos Next Generation.

La mochila austriaca consiste en un fondo al que las empresas aportan de forma periódica una contribución a nombre de cada trabajador, que pueden recuperar esa contribución en caso de que pierdan el empleo si se produce un despido o la finalización de un contrato. También en el momento de la jubilación. En caso de baja voluntaria del puesto de trabajo, el trabajador no perdería el importe acumulado en el fondo: se lo llevaría de 'mochila' para seguir ampliándolo con las aportaciones de otros empleadores.

Como contraprestación a las contribuciones de los empleadores, la indemnización por despido se vería reducida. «Con unas aportaciones empresariales a los fondos individuales de los trabajadores equivalentes a seis días por año trabajado y una reducción del 50% de los costes de despido, en el largo plazo, los costes totales pagados por las empresas (que incluyen tanto las aportaciones periódicas a los fondos individuales como las nuevas indemnizaciones por despido) serían muy similares al total de las indemnizaciones por despido que las empresas deberían abonar bajo el modelo actual», indican.

Desde el Banco de España insisten en que los ajustes laborales recaen principalmente en los trabajadores temporales, al ser su despido más barato bajo el sistema actual. Además, el hecho de que un empleado no perciba indemnización si decide abadonar su empresa de forma voluntaria limita también la movilidad laboral y esto se podría compensar con la puesta en marcha de la mochila austriaca.

El Banco de España también defiende que las empresas se verían beneficiadas al evitar «posibles tensiones de liquidez» al aportar de forma periódica en vez de pagar de golpe la indemnización por despido.

El problema es cómo se financiaría esta medida, pues el propio organismo comandado por Pablo Hernández de Cos reconoce que se trata de una fórmula costosa a corto plazo. Al menos si se toma como referencia el fondo austriaco, que se financia con cotizaciones empresariales. Y es en este punto donde aboga por usar los fondos europeos, en concreto esos 8.000 millones de euros, para hacer frente a ese coste inicial.

«Un uso de los fondos de este programa europeo para este fin estaría en línea con las condiciones establecidas en el reglamento de la Comisión Europea, que indica que las reformas financiables con estos fondos deben ayudar a potenciar el crecimiento o a mejorar la sostenibilidad económica o medioambiental», apunta la institución.

El organismo reconoce además que esta reforma del despido podría llevar a un aumento de los mismos al reducirse su coste y a que éstos no se concentraran sólo en los trabajadores temporales. Por ello, sugiere considerar la introducción de un sistema 'bonus-malus' (bonificaciones y penalizaciones), que redujese las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas con menor rotación laboral, y viceversa.

En su Informe Anual, el Banco de España también solicita al Gobierno que mantenga el marco laboral actual para permitir a las empresas adaptarse a la nueva realidad impuesta por la pandemia. Es decir, que se mantenga la reforma laboral de 2012. En este sentido, Hernández de Cos insiste en la urgencia de «respuestas estructurales» con «amplio consenso» político para que tengan «vocación de permanencia y resulten creíbles» frente a los retos que se avecinan. No son pocos.

En el lado del empleo, por ejemplo, la institución recuerda que la pandemia ha dañado el empleo, precisamente, de los colectivos más vulnerables, como jóvenes o temporales, lo que a su vez puede seguir ampliando la desigualdad económica en el país. Lo mismo ocurre con la educación, que también piden reformar por completo. Aseguran que el cierre de los centros durante los peores momentos de la crisis «puede haber tenido consecuencias negativas en los resultados académicos a corto plazo, sobre todo en los colectivos más desfavorecidos».

El organismo apunta a otros efectos «con posibles implicaciones duraderas» como el retraso en la asistencia sanitaria, los problemas de salud mental, el proio aumento de la desigualdad o la incertidumbre de los ingresos. También alerta del riesgo a un parón en la productividad o el riesgo de crédito «que se presenta como uno de los mayores retos del sistema bancario en los próximos años«.

Los economistas de la institución también inciden en el documento en la evolución al alza de la desigualdad generada por la pandemia. Y apunta a diferentes instrumentos para abordar la situación. «En particular, se hacen necesarias una evaluación permanente de la efectividad del programa de ingreso mínimo vital y la aprobación de medidas destinadas a aumentar la oferta de vivienda en alquiler«, indican. Respecto al primer punto, calculan de hecho que en España habría casi 190.000 hogares que estarían en situación de pobreza extrema, según la definición de la Comisión Europea, pero que no serían elegibles para percibir el IMV.

También apuntan a la necesidad de abordar los problemas de la llamada 'España Vaciada', recordando la presencia «de un gran número de municipios en riesgo de desaparición». Así, consideran que es clave abordar políticas para mitigar la despoblación (fomentando a medio plazo el desarrollo de las zonas rurales), al mismo tiempo que se impulsan medidas de adaptación a esa despoblación, manteniendo un nivel mínimo de servicios en estas regiones.