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El Banco de España ha reconocido por primera vez fallos a la hora de tratar de prevenir la burbuja inmobiliaria y en “errores de apreciación” en la gestión de la crisis bancaria. Sin embargo, ha justificado esos problemas de actuación en la “falta de herramientas” ... legales para hacerlo en aquel momento. “Hubiera sido adecuado intentar hacer más, pero no había instrumentos legales para hacerlo”, ha explicado el gobernador de la entidad, Luis María Linde, en su comparecencia en la comisión en el Congreso sobre la crisis financiera.
La intervención del responsable del supervisor se ha basado en el informe realizado por el Banco de España hace unas semanas en la que se cifró en 60.613 millones de euros la ayuda inyectada a la entidades financiera que puede no recuperarse, de los cuales 39.542 millones son recursos públicos aportados por el Frob y 21.071 millones de los bancos privados a través del Fondo de Garantía de Depósitos.
Linde ha retrocedido a los años del boom inmobiliario para entender el origen de la crisis. Y ahí ha llegado la primera autocrítica al reconocer que el Banco de España aunque “identificó” la creciente vulnerabilidad patrimonial de las familias y empresas asociadas al elevado endeudamiento, el gran aumento del precio de la vivienda o la excesiva concentración del crédito en el sector inmobiliario, se consideraron “riesgos a la baja”. De hecho, el gobernador ha admitido que “no se anticipó una fase recesiva tan intensa” como la producida desde 2008.
En este sentido, Linde ha insistido en que el Banco de España “no adoptó medidas que hubieran podido frenar el aumento del crédito” para la promoción inmobiliaria y la adquisición de vivienda. Aunque ha vuelto a insistir en que “no existían” normas legales para facilitar esa actuación. En cualquier caso, Linde también ha admitido “errores de apreciación” en la forma de corregirse los desequilibrios de los balances bancarios provocados por la burbuja inmobiliaria. “Se pensó que podrían corregirse de forma gradual. La realidad mostró que esta expectativa era demasiado optimista”, ha señalado.
Linde ha defendido que el rescate de las entidades financieras no solvente al explicar que su liquidación habría supuesto “la paralización de los servicios bancarios y pérdidas para los depositantes” en la parte no cubierta por los 100.000 euros del Fondo de Garantí de Depósitos. Asimismo, ha afirmado que dejar caer a los bancos no rentables habría aumentado el riesgo de “contagio” a otras entidades. “Este tipo de estrategia habría tenido un impacto demoledor sobre la confianza y la estabilidad del sistema financiero, sobre la economía real o el empleo”.
Otra de las posibilidades de actuación ante la crisis bancaria era haber realizado un “rescate público temprano”. Sin embargo, Linde ha considerado que esas medidas “más enérgicas” cuando eran necesarias, a partir del año 2011, no eran posible por la situación fiscal de España. Es decir, por el elevado déficit y endeudamiento del país y la caída de ingresos.
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