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El expresidente de BBVA, Francisco González, a su llegada a la Audiencia Nacional en noviembre de 2019. R. C.
Villarejo se convirtió en un 'apagafuegos' del BBVA hasta el día de su detención

Villarejo se convirtió en un 'apagafuegos' del BBVA hasta el día de su detención

El sumario revela que el banco hizo un uso intensivo de la red de espionaje del excomisario de forma ininterrumpida

Domingo, 9 de febrero 2020, 00:31

Ni fue un trabajo puntual ni fue una relación pasajera ni fueron solo servicios personales para Francisco González. La lectura en conjunto de los miles de páginas del sumario de la denominada 'pieza 9' del 'caso Tándem' revela que José Villarejo se convirtió ... entre 2004 y 2017 en una pieza clave en la 'fontanería' del BBVA. Los informes ponen de manifiesto que el banco y sus responsables, una vez descubrieron las turbias habilidades del excomisario para obtener en tiempo récord todo tipo de información, no dudaron en hacer un uso intensivo de su red de espionaje para cuestiones de todo tipo, desde movimientos estratégicos, como evitar el asalto de Sacyr, a cuestiones menores como la compra de inmuebles o el análisis de morosos.

La única premisa era no hacer demasiadas preguntas, no mirar con detenimiento las facturas y dar por supuesto que la sociedad de Villarejo era solo otra agencia de detectives, aunque muchos en la cúpula del BBVA, a la vista de las acusaciones de Anticorrupción, debían saber que era mucho más. De hecho, los entonces máximos dirigentes de la entidad bancaria durante esos trece años de servicios de Villarejo–apuntan los documentos– llegaron a tener una fe ciega en los acertados informes que salían de la factoría de 'Cenyt', la marca comercial de la red de espionaje del comisario jubilado. La confianza en Villarejo y su relación con el BBVA –zanja el sumario– se mantuvo hasta el mismo día de la detención del policía en noviembre de 2017.

Según las primeras estimaciones de la Audiencia Nacional y la Fiscalía, el BBVA pagó 10.284.869,24 euros al grupo 'Cenyt' de Villarejo. No obstante, la investigación continúa y ese importe podría ser mucho mayor porque el análisis de las facturas bajo sospecha en el propio banco todavía no ha acabado. Y es que aunque hay ya algunas estimaciones dinerarias, mucho más confusos son los objetivos de esos pagos, ya que los servicios sin contrato y las «facturas financieras» de las que no hay rastro documental aparecen por doquier.

Por la puerta grande

Son numerosas las brumas que el levantamiento del secreto no ha disipado, pero ya hay algunas certezas. Villarejo se coló en 2004 en el BBVA de la mano de su amigo, excomisario de la Policía y exjefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano. Entró por la puerta grande para parar el desembarco de Sacyr. El excomisario, sabedor de la mina que se le había presentado, tiró la casa por la ventana con más de 16.000 intervenciones de comunicaciones ilegales para impresionar a sus patronos. De lo que costó esa gran operación de espionaje no hay rastro. Según el sumario, Corrochano mandó destruir todo. En los registros del BBVA esa gran operación de espionaje se reflejó como un contrato de «asesoramiento continuo, prevención de fugas de información y preinformación para adelantarse a los riesgos».

Ni pistas en los libros ni pistas en los interrogatorios. González, a pesar de que la operación de 2004 fue para salvar su puesto, dijo ante el juez que no supo de la existencia de Villarejo hasta que el escándalo llegó a sus máximas cotas en 2018.

Los imputados fundamentales en el caso:

  • José Manuel Villarejo - Excomisario de la Policía. Dueño del grupo 'Cenyt', facturó más de diez millones al BBVA por sus labores de espionaje. Acusado de usar masiva e ilegalmente los medios del CNP para investigar los objetivos marcados por el banco, aseguró que su contratación fue decidida por la cúpula del BBVA, aunque no conoció a González.

  • Francisco González - Expresidente del BBVA. Según la Fiscalía, ordenó a los directores generales de los Servicios Jurídicos y de Riesgos del banco la contratación de 'Cenyt', aunque él niega haber sabido de la existencia de Villarejo y de sus métodos hasta poco después de su detención. Alega que él estaba en temas de mucha más envergadura.

  • Julio Corrochano - Exjefe de Seguridad del BBVA. Excomisario general de Policía Judicial, en 2002 decidió dar el salto a la empresa privada y fichó por una cifra millonaria por el BBVA, dejando atrás 30 años de carrera en el CNP. Amigo de Villarejo, fue quien introdujo al excomisario en el banco y quien le enseñó a moverse dentro de la entidad.

  • Ángel Cano - Exconsejero delegado del BBVA. Aunque llegó a ser CEO en 2009, su imputación viene de la época en que fue director de Recursos Humanos y Servicios. En ese período presuntamente autorizó los pagos a la empresa de Villarejo y verificó la prestación de esos servicios en 2004 y 2005, coincidiendo con la operación contra Sacyr.

  • Antonio J. Béjar - Exdirector de Riesgos del BBVA. Único despedido por este escándalo. La Fiscalía sostiene que fue él quien entre 2011 y 2013 dio el visto bueno a los desembolsos al excomisario por la operación contra Ausbanc. Tuvo contacto directo con Villarejo hasta 2017 como presidente del proyecto 'Distrito Castellana Norte'.

Tampoco González, según su declaración, supo que fue Villarejo el que presentó en 2015 la denuncia anónima que desembocó en la investigación de la UDEF contra Ausbanc. Una denuncia que nació en una comida en el cuartel general de la Policía a la que asistió el propio director del CNP. Parte de aquella campaña para frenar los supuestos chantajes de Luis Pineda, que acabó en la cárcel, es muy probable que se pagara –según los documentos que obran en la causa– con dinero destinado a la «identificación y evaluación de la amenaza yihadista del grupo».

La Fiscalía pone de manifiesto a lo largo del sumario la supuesta connivencia de la entonces cúpula del BBVA con las irregularidades contables para encubrir los pagos a Villarejo porque –arguye– es impensable que existiera un descontrol tal en el banco para no detectar que se estaban pagando sin rechistar al excomisario facturas millonarias por conceptos inverosímiles, extravagantes o intencionadamente vagos tales como «servicios profesionales de localización de bienes y estructuras patrimoniales» (650.000 euros), «trabajos de asesoramiento, análisis e inteligencia con tareas de información e investigación» (200.000 euros) o una simple «prima de éxito» (702.464 euros).

La realidad es que aquellas frases encubrían operaciones ilegales –sostenidas en el uso de medios de espionaje públicos y bases de datos policiales– para recabar información embarazosa de miembros del Gobierno de Zapatero, competidores como Botín,empresarios enemigos, socios en negocios inmobiliarios, promotores morosos e, incluso, propietarios de posibles fincas para González.

Sobre qué hicieron los responsables del banco con esa información tan delicada hay pocas pistas en el sumario... al menos, por ahora.

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