El Supremo vuelve a retrasar su decisión sobre la macrodemanda de las cláusulas suelo

En la providencia publicada este miércoles, el Supremo abre un plazo de otros 10 días para elevar algunas cuestiones planteadas por las partes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así que hasta no conocer la doctrina, no habrá votación ni sentencia.

En concreto, las cuestiones sobre las que versaría la petición de decisión prejuicial serían tres. En primer lugar, sobre la compatibilidad «entre el control abstracto que debe realizarse en una acción colectiva de cesación y el examen pormenorizado, propio del control de transparencia, de la información suministrada, en cada caso, al consumidor sobre la carga jurídica y económica que la cláusula suelo puede producirle».

La segunda petición responde a la dificultad que se ha observado para identificar al consumidor medio «cuando se demanda a un gran número de entidades financieras, con las consiguientes y relevantes diferencias que puede haber entre los posibles grupos de consumidores afectados y sujetos concernidos».

Por último, el Supremo pide a Europa que se pronuncie sobre la doctrina que rige «la posibilidad de acumular a una acción colectiva de cesación una acción restitutoria, que es uno de los elementos que diferencian las acciones ejercitadas en este caso de la que dio lugar a la STS 241/2013, de 9 de mayo».

La decisión del Supremo retrasa aún más uno de los fallos más esperados por los afectados por este tipo de cláusulas abusivas. Sobre todo para finiquitar años de vaivenes judiciales, ya que el propio TJUE ha fijado recientemente las bases para que los afectados puedan reclamar todo el dinero que pagaron de más por estas cláusulas, incluso si ya contaban con sentencias firmes en las que solo se fijó la devolución de una parte de esas cantidades, como entonces dictaba la doctrina española en la que se fijaba 2013 como la fecha a partir de la que se podían reclamar las devoluciones.

Según los expertos, este último tramo judicial no hará sino ratificar la práctica totalidad de resoluciones ya publicadas. Pero también reactivará la capacidad para desbloquear las 225.611 demandas que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se encuentran actualmente pendientes de resolución, sin contar las de aquellos que aún no han reclamado o no han recibido la devolución de los entre 2.000 y 3.000 euros anuales que deben abonarse a los afectados, según datos de Adicae. De hecho, la asociación estima que existen en torno a dos millones de hipotecados que aún no han reclamado estas cláusulas.