La revuelta de los mayores contra la exclusión financiera supera las 600.000 firmas

Este movimiento, que comenzó como una petición minoritaria, ha provocado ya que Gobierno y entidades reaccionen preparando un nuevo plan de inclusión, en un momento en el que el avance de la digitalización ha ido de la mano de un ajuste sin precedentes en el sector que solo el pasado año terminó con el cierre de otras 3.000 oficinas en España, el 19,4% de la red. Las siete principales entidades del país también recortaron 12.100 empleos.

Unas cifras que dan alas a la campaña que San Juan llevó ayer ante el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, al que solicitó actuaciones urgentes y de cumplimiento inmediato y «no invitaciones llenas de paternalismo». Las firmas también se registraron en el Banco de España.

Pero antes, y a su salida del Ministerio, el médico y jubilado coincidió a las puertas del edificio con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que conocedora de la visita se ha acercado a saludarle mientras atendía a los medios. Durante su breve conversación, Calviño le ha garantizado que la banca tendrá listo su plan de actuación para atender a los colectivos apartados de la operativa tradicional «antes de que finalice este mes».

«Es una prioridad para nosotros acompañar a las personas más vulnerables; es una cuestión de la sociedad tratar bien a los mayores», ha indicado la ministra.

Por su parte, San Juan ha insistido en que registrar las firmas no es el final de la campaña, sino el principio de los cambios que deben llegar. «No queremos solo comunicados con buenas intenciones. Queremos una mejora de la atención en las sucursales bancarias. Y estas 600.000 personas no pararemos hasta conseguirlo», expresó.

De momento, asegura ninguno de las grandes entidades se han puesto en contacto con él. «Solo me han llamado de dos entidades a nivel territorial», expresa. Sin embargo, durante la última presentación de cuentas anuales del sector, finalizada la pasada semana, los principales directivos recordaron que sus entidades ya llevan tiempo aplicando medidas para evitar la exclusión no solo de los mayores, sino de otros segmentos de clientes poco habituados a la tecnología.

Entre otras, la ampliación de la red de cajeros para operaciones básicas o la adaptación de menús específicos para personas mayores en los mismos, más intuitivos y con una tipografía específica.

Dentro de las medidas que se barajan para incluir en el plan que, según Calviño, se presentará antes de que termine febrero, destaca el establecimiento de horarios específicos para atender a estos colectivos, aunque eso no implicará una ampliación en los de apertura o cierre de las sucursales.

En esta ronda de contactos también ha participado la asociación de usuarios financieros Asufin, cuya presidenta, Patricia Suárez, se reunión el lunes con el secretario del Tesoro. «La digitalización bancaria es un proceso inevitable y también positivo para todos, porque agiliza procesos y reduce costes, pero debe acometerse a dos velocidades para no dejar a nadie atrás, fuera del sistema», aseguró tras el encuentro.

En la reunión aprovechó además para recordar que la digitalización no es el único problema al que se enfrentan determinados colectivos, que también deben hacer frente a condiciones «cada vez más difíciles de cumplir». «Por ejemplo, trabajadores por cuenta propia que no cobran una nómina o ingreso único pero que, sin embargo, sí ingresan en el banco cantidades recurrentes asimilables y que, por ello, no acceden a determinadas bonificaciones, como el caso de las empleadas de hogar», explica Suárez.

Así, la asociación ha propuesto su propia batería de medidas, como el desarrollo de apps básicas que sean más fáciles de usar para los colectivos afectados, además de ampliar los convenios del sector para garantizar la obtención de efectivo. También proponen mejorar la regulación de la cuenta básica y habilitar un servicio de atención telefónica individualizado.