Rato asume irregularidades tributarias pero niega que sea delito

«Sorprendentemente -se quejó este lunes el ex político metido a financiero-ha conseguido (en referencia a la fiscal Elena Lorente) que se abra una pieza separada -por blanqueo de capitales, que le ha llevado al juzgado por sexta vez desde su detención en abril de 2015-, cuando ya se ha demostrado en la principal que no ha habido fraude». Y es que el juez instructor ya archivó en mayo de 2017 buena parte del caso al no ver indicios de delitos de malversación de caudales públicos ni de cohecho, y criticar a la Guardia Civil por afirmar «sospechas sin sustento».

Pero la Audiencia Provincial de Madrid le ordenó reabrir esas actuaciones, con el argumento de que él que llegara a ser vicepresidente económico del Gobierno «ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero usando como testaferros a otras sociedades fiduciarias sin actividad social conocida». Con ellas amasó ocho millones de euros procedentes de trabajos y servicios hechos en España. «Todo ese dinero era mío y está justificado», argumentó Rato.

El juez Serrano-Arnal rechazó hace poco más de un mes la petición de la Fiscalía para juzgar por separado el cobro de comisiones presuntamente ilícitas en su última etapa como banquero (al frente de Caja Madrid y luego Bankia), al estimar que ese posible delito de corrupción entre particulares «se encuentra íntimamente relacionado» con los otros dos que sustentan ahora el caso. De un lado fraude a la Hacienda Pública, en total 5,4 millones de euros desde 2009 si se excluyen los ejercicios prescritos, y por otro blanqueo de capitales, aunque éste último no lo ve claro porque la legislación vigente en esa época lo vincula al delito antecedente y en este caso el cohecho está «notoriamente prescrito».

Por eso Rato se quejó este lunes de ser sometido a investigación «prosprectiva», una suerte de causa general prohibida por la ley. Admitió en todo caso haber incurrido en irregularidades administrativas en sus declaraciones fiscales, aunque criticó que mientras a otras personas conocidas «Hacienda les ha sancionado pero sin acciones penales», a él se le ha incriminado. Es el caso, dijo, de «presidentes del Gobierno -se refería a Felipe González y José María Aznar- y recientemente un ministro de Cultura -el dimitido Máxim Huerta-».