La Fiscalía apunta «defectos» del Banco de España y la CNMV en la salida a Bolsa de Bankia

Launa ha liberado de cualquier responsabilidad judicial al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la oferta pública de venta (OPV) de Bankia, al considerar que el peso de aquella operación que resultó nefasta para miles de pequeños inversores recae solo sobre los que eran sus administradores, con el expresidente, Rodrigo Rato, a la cabeza.

En su relato tampoco atribuye responsabilidad alguna a la CNMV, según el Ministerio público, al considerar que es un ente que «en principio no podía conocer ni corroborar los estados financieros incorporados al folleto», y que, según la fiscal, «exigió más allá de lo exigible, de hecho, porque pidió que figuraran las cuentas de las siete cajas».

La fiscal ha incluido estas referencias al supervisor bancario y al bursátil después de que, en medio de la vista oral, todos los acusados han basado parte de su defensa a lo largo del juicio apelando al respaldo institucional que recibieron, a lo cual han respondido ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal responsables de ambos organismos. La Fiscalía considera acreditado que el supervisor bursátil «cumplió con sus funciones de transparencia, pues no era su labor comprobar la exactitud contable».

Muchos de los responsables de esos organismos fueron considerados investigados en la instrucción, situación que fue posteriormente sobreseída por el juez instructor, Fernando Andreu, lo que confirmó más tarde la sala de lo Penal.

En su escrito final, elaborado en julio, la Fiscalía ya había ampliado y añadió el delito de falsedad contable por las cuentas de BFA y Bankia, contra el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y el exconsejero delegado, Francisco Verdú, que se une al de fraude a los inversores. Sobre Rato pesa una petición de pena de la Fiscalía de ocho años y medio de cárcel. Este lunes, Launa se ratificó en que los testimonios de acusados, testigos y peritos y las nuevas pruebas documentales le habían llevado a matizar sus premisas iniciales, quedando probado que tanto Rato como Verdú conocían la existencia de irregularidades contables.

El Ministerio Público sostiene que la cúpula de Bankia había omitido deterioros de más de 5.000 millones de euros en las cuentas consolidadas de 2010 y defendió que la ampliación de su acusación no vulneraba el derecho de defensa de los acusados, como sostuvo el abogado de Rodrigo Rato, ya que algunas de las modificaciones fueron avanzadas como cuestión previa «en un alarde de transparencia» y otras fueron consecuencia de las pruebas desarrolladas en el plenario.

La intervención de la fiscal dará paso a la presentación de las conclusiones finales del resto de acusaciones particulares y populares. Finalmente, llegará el turno de las defensas -con posible turno de palabra para los acusados- y el juicio quedará visto para sentencia.