El exministro Sebastián acusa al comisario Villarejo ante la Audiencia Nacional

Es lo mismo que solicitaron a mediados de febrero otras tres personas supuestamente espiadas por órdenes del banco, mientras que el . Los primeros dos antiguos altos cargos de BBV, José Domingo de Ampuero –exconsejero y hoy presidente de la compañía Viscofan– y Vicente Benedito, junto al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero.

Los tres son mencionados en las grabaciones presuntamente realizadas por Villarejo como «grupo hostil», al preparar de forma conjunta hacerse con una «notable presencia» en el consejo de administración del banco uniendo la participación de la constructora –que iba a controlar el 5%– con la parte de los fundadores de BBVA, cercana al 4,2% y representados por De Ampuero.

Según la denuncia de los tres ante la Audiencia Nacional, Villarejo usó un equipo de «varias personas» para seguir sus movimientos y grabar sus conversaciones, dando lugar a una «violación masiva de la intimidad». En la misma línea, Sebastián afirma haber sido objeto de «vigilancias continuadas» y que «incluso se llegó a construir un falso relato en torno a su persona, con el propósito de desacreditarlo ante los demás e intentar torcer su voluntad».

La petición de personación del exministro en el caso donde se investiga al comisario Villarejo por varias posibles operaciones de espionaje ha sido presentada por el bufete del también exministro socialista Francisco Caamacho. En su escrito sostiene que las informaciones publicadas las últimas semanas «acreditarían que las comunicaciones telefónicas de nuestro representado, en aquel tiempo secretario de Estado y director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, tanto las privadas como las oficiales, habrían sido intervenidas».

Los abogados de Sebastián, una vez «examinados todos los materiales hasta ahora conocidos» -una vez aceptada su solicitud por el juez, podrán acceder a toda la documentación que obre en la causa y que no esté calificada bajo secreto-, estiman que «estamos ante unos hechos especialmente graves que, de resultar finalmente probados, podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia». Para ir más allá en sus acusaciones, avisan, «la clave será saber si la información obtenida de manera ilegal fue utilizada por la entidad para tomar sus decisiones» y, no menos importante, «con qué fines».

El exministro sí ve ese vínculo. «Se habrían utilizado recursos del BBVA para la defensa de posiciones internas de poder en perjuicio de los accionistas minoritarios», se señala en su escrito de personación, al tiempo que critica que «a pesar del tiempo ya transcurrido desde que aparecieron las primeras noticias sobre este asunto, ningún representante del BBVA se ha disculpado públicamente», ni se ha dirigido al expolítico «aunque solo fuese para informarle de las medidas internas que se piensan adoptar o para transmitirle su voluntad de prestarle ayuda y colaborar en la identificación de los responsables y en la defensa de los derechos de los perjudicados».

«Tampoco –prosigue– se adoptó una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar de aquellas personas presuntamente implicadas y que todavía desempeñan ciertas tareas de representación institucional del BBVA», en referencia aparente a Francisco González como actual presidente de honor tras ceder el poder ejecutivo a Carlos Torres.

Villarejo, según su abogado defensor, afirmó el pasado 21 de enero al juez que esos espionajes –incluidos en la llamada 'operación Trampa'– no fueron «simplemente un encargo profesional privado, ya que detrás del mismo hay intereses estratégicos del Estado» aunque «se aprovechó una coyuntura donde el BBVA necesita una información».

Conforme a la versión del comisario, la entidad fue «un actor ocasional que nada tiene que ver y que incluso es muy posible que desconociera la trascendencia económica, internacional y política de esa operación inicial».