El Estado permanecerá en Bankia sin prisas por vender su participación

«El objetivo del Gobierno es maximizar el valor de la participación pública en el banco, por lo que adoptaremos las decisiones apropiadas para maximizar el valor y no tenemos prisa en desinvertir«, ha subrayado Calviño durante una entrevista con Bloomberg TV. En este sentido, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha señalado que, como principal accionista de Bankia, el Estado pretende contribuir a apoyar la estabilidad del sistema financiero.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ya descartaba que el Estdao fuera a vender ese paquete en la futura CaixaBank como vía para privatizar esa participación. Al menos, no lo vislumbraba a corto plazo. «Si la banca cotiza ahora en los menores niveles de hace 30 años no parece el mejor momento para hacerlo», indicaba en la rueda de prensa de presentación del acuerdo de fusión, a mediados de septiembre en Valencia. El ejecutivo ha recordado que el plazo legal vence el 31 de diciembre de 2021, aunque en dos ocasiones el Gobierno ya lo había ampliado, circunstancia que puede volver a realizar.

La convivencia con el Estado será una de las guías que marquen el futuro de CaixaBank cuando completen la operación. Para Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, esta circunstancia supone «una responsabilidad adicional, muy importante con los accionistas y la sociedad». «Tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor posible para que la recuperacion de las ayudas sea la mayor posible», destacó el ejecutivo de CaixaBank. Aunque descarta cualquier injerencia política en la gestión del nuevo banco, como tampoco lo ha hecho en Bankia, según relataba.

CaixaBank y Bankia, tercera y cuarta entidad española respectivamente, se encuentran inmersas en un proceso de fusión que daría origen a una institución con activos por valor de 650.000 millones de euros, unas 6.600 sucursales (4.400 la entidad de origen catalán y más de 2.200 la entidad nacionalizada) y una plantilla conjunta superior a los 51.000 empleados (casi 35.600 CaixaBank y unos 16.000 Bankia).

Cuando se materialice la fusión, prevista para el primer trimestre de 2021, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reducirá su participación en Bankia del 61,8% al 16%. Eso sí, el FROB contará con un sillón en el consejo de administración de la futura entidad.

El rescate de Bankia en 2012 implicó la inyección de unos 24.000 millones de euros en ayudas públicas, de las que el Estado ha recuperado hasta la fecha algo más de 3.000 millones tras la enajenación de dos paquetes accionariales y vía dividendos.