Las entidades esquivan un rejonazo de hasta 16.000 millones de euros

Ese es el impacto de mayor relevancia que habían calculado las casas de inversión y agencias de rating durante los 15 días en los que se ha prolongado la incertidumbre sobre esta cuestión. Ese importe habría salido de las cuentas de la banca si se hubiese establecido una retroactividad total, esto es, la posibilidad de que los titulares de los seis millones de hipotecas en vigor hubieran reclamado lo que pagaron en su momento por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Si esa retroactividad se hubiese limitado a los cuatro años de prescripción fiscal, la cuantía habría alcanzado los 2.300 millones de euros. Y si solo se hubiesen limitado a pagar el AJD a partir de ahora, tendría un coste de unos 640 millones al año.

Pero ninguno de esos tres escenarios se pondrá en marcha. El titular de la hipoteca tendrá que seguir abonando el impuesto registral, que grava con un tipo de entre el 0,5% y el 1,5% el valor hipotecario. El coste medio se mueve, dependiendo de la cuantía del préstamo y de la comunidad donde se inscriba, entre 600 y 2.000 euros, de media. Las entidades aún no habían realizado provisiones para hacer frente a una contingencia que ninguna corporación esperaba después del batacazo de conflictos como el de las cláusulas suelo. Pero contaban con tener que abonarlo a partir de mañana mismo.

La defensa de su posición se había centrado en atacar los posibles efectos retroactivos de la medida. «Lo que no se puede hacer es penalizar a quien ha cumplido la ley durante tantos años, porque en esos consiste la seguridad jurídica», explicaba el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, el pasado día 30 de octubre. Es la misma postura que ha defendido el conjunto de ejecutivos del sector, encabezados por su patronal, la AEB.

El temor que recorría sus cabezas implicaba hacer frente a las reclamaciones que las haciendas autonómicas les hubieran realizado con efectos desde octubre de 2014; o las demandas masivas por parte de los ciudadanos hipotecados pidiéndoles ese dinero con el que pagaron el impuesto al firmar la escritura. «Me gustaría tener un marco claro y seguro», afirmaba también la semana pasada el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, quien mostraba su «preocupación» por cómo pudieran afectar al mercado «los cambiso que se van realizando cuando prestas a 25 años vista».

El temor ha sido de tal calado que algunas entidades habían asumido ya el abono del AJD desde que el 19 de octubre el tribunal diera a conocer el fallo de la Sala de lo Contencioso a favor del cliente. Ahora tendrán que negociar con esas familias cómo resolver esta situación. En cualquier caso, las entidades han admitido que, aunque no se ha paralizado el mercado, se habían resentido las firmas de las escrituras, a la espera de la resolución final del Supremo. También se habían percatado de esta realidad en las notarías, donde solo se firmaban las hipotecas ya concertadas con anterioridad.

Más infografías en Statista

El criterio jurisdisccional permitirá a las entidades financieras encarar una recta final de año mucho más benigna de lo que pensaban hasta ayer. Con los supervisores exigiéndoles más rentabilidad, los bancos admitían que tendrían que haber trasladado parte del coste del impuesto a las condiciones de sus créditos inmobiliarios, aunque todos iban a esperar a ver qué hacía el resto de la competencia. Hasta septiembre, la banca había ganado 13.225 millones, un 12% más que en 2017.

Donde más han notado el peligro de la posible retroactividad del AJD ha sido en sus cotizaciones bursátiles. En dos semanas, el sector se ha llegado a dejar casi 10.000 millones de euros de capitalización bursátil. Los títulos de todas las firmas habían cedido de forma considerable arrastrando a la Bolsa española hasta mínimos del ejercicio. Los inversores vendían en lo que consideraban el peor escenario posible que, por ahora, no se va a cumplir.

Más infografías en Statista