Las cuentas pendientes de Rodrigo Rato

Por ahora, Rato sigue cumpliendo la condena que ya le impuso la Audiencia Nacional por las 'black' por apropiación indebida. Es el único de todos los condenados que mantiene al 100% su estancia entre rejas. Tras su absolución por la salida a bolsa de Bankia, tiene ahora vía libre para que le concedan el tercer grado o el régimen de semilibertad, ya que a finales del pasado año cumplió más de un cuarto de la condena por las tarjetas de Caja Madrid.

Hasta ahora, Rato aún estaba pendiente de la sentencia por la salida a bolsa de Bankia, donde la Fiscalía Anticorrupción pedía para él ocho años y medio de prisión por estafa a inversores y falsedad contable, y que finalmente se ha conocido este martes, y que podría abrirle las puertas de prisión.

Sin embargo, a Rodrigo Rato aún le espera una macrocausa, iniciada en abril de 2015, por la que se le investiga por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por las irregularidades que podría haber cometido a través de sus empresas.

Esta causa no es un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, sino que se sigue en los juzgados de instrucción de Madrid. Comenzó con una decena de piezas, la mayoría secretas, por un posible fraude a Hacienda por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015.

El exvicepresidente siempre ha defendido su inocencia en esta causa y ha arremetido contra la Fiscalía por creer las conclusiones «disparatadas» que hace la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, a quien ha acusado de hacer una investigación «prospectiva».

Y así lo manifestó también la última vez que Rato compareció ante el juez instructor Antonio Serrano-Arnal el 30 de julio de 2018, cuando negó haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y «está perfectamente justificado y explicado» gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.

En el informe de la UCO incorporado al sumario de esta causa, los investigadores sostienen que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para «colocar» en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener «sustanciosos contratos de publicidad».