CaixaBank quiere un ERE rápido frente a la presión estatal para minimizarlo

Goirigolzarri se muestra «convencido» de que van a alcanzar acuerdos con los sindicatos en el marco del proceso de reestructuración de la entidad y cuyas negociaciones ya se encuentran en marcha y deberían estar finalizadas antes de que termine junio. También el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha dedicado parte de su intervención a este asunto laboral. Afrima que buscarán «activamente llegar a un acuerdo razonable» que asegure la competitividad futura de la entidad. Un pacto que, a su juicio, «facilite también la recolocación de las personas que salgan de la entidad dándoles la formación adecuada para que puedan encontrar nuevas ocupaciones».

Entre todas las miradas pendientes de la junta de accionistas de este viernes se encontraba la del Estado, con un sillón en el consejo de administración del grupo a través del FROB. Sobre todo después de que el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, haya requerido formalmente tanto a CaixaBank como a BBVA que sean «estrictamente rigurosos» con las formalidades del periodo de consultas de sus respectivos ERE, cuyas primeras medidas a debatir deben estar destinadas, tal y como les recuerda el Ejecutivo, a evitar o reducir los despidos planteados por los bancos.

Trabajo insiste que el ERE «debe ajustarse a una serie de condiciones de forma y de fondo», dado que «la intención empresarial comunicada presenta elementos de especial gravedad y trascendencia, tanto por el impacto que tiene sobre el empleo, como, en particular, por sus efectos sobre los trabajadores, sobre los que eventualmente resulten afectadas por el despido y también sobre aquellos que no lo sean». En este sentido, el sindicato Comisiones Obreras ha aplaudido que el Gobierno se haya implicado en estos ERE de las grandes entidades.

La misiva ha sido remitida después de las críticas de buena parte del Ejecutivo a estos procesos laborales, sobre todo en el caso de CaixaBank, donde participa el propio Estado. Este mismo viernes, y mientras tenía lugar la junta, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advertía a la banca de que «no son tiempos de despidos». Les ha recordado que la reforma laboral del PP«eliminó del Estatuto de Trabajadores la autorización administrativa que había respecto a los despidos colectivos». «Y, por tanto, no tenemos posibilidad legal de actuar sobre los despidos colectivos», ha reconocido.

La junta ha quedado empañada, además, por las protestas de varios grupos de trabajadores contra este recorte de empleo en las afueras del recinto valenciano.

Finalmente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de titularidad estatal, ha votado en contra de la propuesta de remuneración para el consejo de administración de CaixaBank en la junta de accionistas. La Administración, con un 16% del capital, ha despejado así la duda sobre el sentido de su voto tras las críticas de varios ministros sobre las retribuciones de los banqueros en un momento en el que las entidades están planteando recortes de empleo.