La cúpula de BBVA ha querido poner tierra de por medio entre sus actuales directivos, liderados por el presidente del grupo, Carlos Torres, y su predecesor en el cargo, Francisco González, en torno a los contratos con la empresa de seguridad Cenyt, vinculada al ... excomisario José Manuel Villarejo, para tratar de espiar supuestamente a empresarios, políticos y periodistas de forma masiva durante 14 años con todo tipo de prácticas cuya legalidad investiga la Audiencia Nacional.
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Es la primera vez que el banco expone esta visión de los hechos de forma tan contundente en un documento oficial: el informe de gobierno corporativo que anualmente remite a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En ese documento, al justificar los «riesgos» que tiene ante sí el banco, BBVA indica que del 'forensic' que el propio banco ha elaborado internamente se deriva que «no hay ningún tipo de implicación de ninguno de los actuales miembros del consejo de administración» de la entidad «ni del actual presidente», añade, «ni se ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del banco».
En ese informe, BBVA expone una parte de lo que está siendo su estrategia de defensa (se encuentra en situación de investigado como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción), muy vinculada a desentenderse de las supuestas prácticas ilegales de las que le acusa el juez instructor, Manuel García Castellón, para achacárselas indirectamente, en su caso, a Francisco González, también imputado en la pieza 9 de la 'Operación Tandem', por cohecho y relevaración de secretos. En su declaración a finales de noviembre de 2019, el representante de la entidad, Adolfo Fraugas, defendió «la inexistencia de responsabilidad penal alguna» e insistió en que «la responsabilidad penal de las personas jurídicas sólo es exigible legalmente desde el año 2010», cuando los hechos investigados parten desde el año 2004.
Asimismo, cabe indicar que, hasta la fecha, este caso no ha tenido impacto en el desarrollo de los negocios de la entidad, ni ha deteriorado sus índices de reputación, que son objeto de un seguimiento recurrente tanto por el ámbito ejecutivo, como por sus órganos de administración.
El propio Carlos Torres ya se defendió en la última presentación de resultados del banco al explicar que «no hay ninguna posibilidad» de que él tenga algo que ver con el caso, un escándalo que, en su opinión, no ha tenido impacto ni en el negocio ni en la reputación del banco, que, incluso, ha elevado los clientes cuando más visibilidad tenía en prensa este asunto. En el informe de gobierno corporativo BBVA destaca que «hasta la fecha» este conflicto «no ha tenido impacto en el desarrollo de los negocios de la entidad, ni ha deteriorado sus índices de reputación».
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La entidad expone que evalúa de forma «recurrente» estos ratios. Sin embargo, a renglón seguido, BBVA admite que «no es posible predecir en este momento su ámbito o duración ni todos sus posibles resultados o implicaciones para el grupo» (en referencia al caso Villarejo), «incluyendo potenciales multas y daños o perjuicios a la reputación» de la entidad.
Precisamente en referencia a este asunto, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha señalado recientemente que «la reputación es el principal activo de una entidad de crédito, es vital, y sin reputación es muy difícil que funcione el resto», ha insistido ante el conflicto al que se enfrenta la entidad.
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El informe corporativo también recuerda que las comisiones del consejo de administración a las que se atribuyen competencias sobre estas materias (la de Auditoría y la de Riesgos y Cumplimiento) y el propio consejo en pleno, han «impulsado y supervisado» los procesos de investigación interna, en el marco de una cooperación «plena» con la Justicia y con una política de transparencia.
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