Cuando Unidas Podemos, el socio de gobierno del PSOE, reclamó una banca pública para poner en marcha las medidas de política económica y que Bankia –participada por el Estado en un 60%– funcionara así, la vicepresidenta Calviño respondió que ya estaba el ICO como banco ... público. Desde el ICO se han distribuido cientos de miles de millones en créditos con objetivos que van desde impulsar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas hasta una línea espacial para los afectados por la estafa de Forum-Afinsa o los Préstamos Avanza para la digitalización empresarial. Ello no ha impedido que año tras año se apuntara beneficios. Desde 2007 ha ganado un total de 1.117 millones de euros después de impuestos, aunque con una alta volatilidad: mientras en 2009, en plena crisis económica, ganó sólo 23,5 millones, en 2016 obtuvo su mayor resultado, 317 millones de beneficio neto.
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Pero nuevos problemas requieren soluciones nuevas. Además de avalar préstamos, el Gobierno ha aprobado una medida que tampoco nunca antes había utilizado el ICO: avalar los pagarés de empresa. Todo ello condicionado a que se debe emplear la financiación avalada para atender las necesidades de liquidez derivadas, entre otros, de la gestión de facturas, pago de nóminas y proveedores, necesidad de circulante y vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, pero en ningún caso puede destinarse al pago de dividendos ni de dividendos a cuenta.
Sólo las empresas con sede social en España y con programas de pagarés registrados antes del 21 de abril en el MARF (Mercado Alternativo de Renta fija) pueden acceder al aval del 70% de sus nuevas emisiones. Empresas como El Corte Inglés, que tiene el mayor programa registrado, por 1.200 millones, Sacyr, Gestamp, Mango, Vocento, Elecnor o MasMovil están en el MARF. Se trata de un colectivo que se había quedado fuera del programa de compra de deuda del BCE.
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En cualquier caso, la puesta en marcha de los avales de los préstamos no ha estado exento de críticas. Desde la patronal de las pymes reclaman que se duplique la financiación (hasta 200.000 millones) dada la gravedad de la situación. Y muchas pymes y autónomos denunciaron que algunos bancos estaban exigiéndoles que contrataran otros productos para darles el préstamo. Eso hizo que el Banco de España advirtiera hace un mes que estaría vigilante.
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