Las relaciones entre el Gobierno y la banca vuelven a tensarse. Unos días después de su aprobación en el Congreso de los Diputados, el sector carga contra el impuesto a la banca con el que el Ejecutivo pretende recaudar 3.000 millones de euros en ... dos años. Y varias de las principales entidades del país ya han asegurado su intención de recurrir el gravamen en cuanto se ponga en marcha.
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«No nos queda otra opción que acatarlo y eso vamos a hacer, pero, ¿vamos a recurrirlo? Al día siguiente de pagarlo, sin ninguna duda», confirma María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter. Durante su intervención en el XIII Encuentro Financiero organizado por KPMG y 'Expansión', la directiva insistió en que «lo vamos a hacer porque nos parece un impuesto injusto, discriminatorio y confiscatorio que no responde a ninguna justificación técnica».
En el mismo sentido, aunque con un tono algo más moderado, se pronuncian desde Ibercaja Banco, donde ven «probable» el recurso ante los tribunales, a no ser que el texto que ha recibido el visto bueno del Congreso cambie de manera sustancial en su paso por el Senado. Desde la entidad indican que «nos asiste la razón» ante un momento de incertidumbre en el que el tributo, a su juicio, limita la capacidad de los bancos de generar capital.
Otros como CaixaBank también han endurecido su discurso contra el gravamen del 4,8% sobre las comisiones e intereses del sector. Aunque la entidad no ha decidido todavía si recurrirá ante la justicia, ahora asegura que adoptará su decisión en consonancia con sus obligaciones como gestores. «Si el texto final contiene elementos que, desde nuestro punto de vista, no es conforme a derecho, nuestra obligación es recurrirlo», indicó Gonzalo Gortázar, consejero delegado del banco, durante su participación en el encuentro.
Y la misma postura adoptan los directivos de BBVA. El consejero delegado, Onur Genç, también se ha posicionado en contra al considerar que el tributo dañará la recuperación económica en España. Aunque tendrán que analizar el texto defintiivo antes de decididir si recurren o no, argumentan que existen multitud de estudios académicos que indican que los impuestos de este tipo restringen la capacidad de préstamo del sector y, por tanto, a la economía real. «No es el momento adecuado», insistió.
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En el sector confluye la idea de que el impuesto acabará por dañar no solo a clientes y accionistas. La seguridad jurídica también está en juego, según indican desde varias entidades financieras. Bankinter, de hecho, considera que el sistema tributario español debe ser «sólido y sostenible» y no responder a «criterios emocionales o simples caprichos».
Por su parte, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, coincidió en que la banca debería repercutir el impuesto temporal al sector de alguna forma, como establecen las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y del Banco Central Europeo (BCE), y ha avisado de que los clientes «lo pagarán por aquí en vez de por allá».
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Para el directivo, el gravamen se ha planteado «muy mal y muy deprisa». Y recuerda que las directrices de la EBA especifican que las instituciones financieras deben reflejar en el precio de sus préstamos todos los costes relevantes, incluidos los impuestos, al tiempo que el BCE espera que las instituciones reflejen en el precio de sus créditos todos los costes relevantes, incluidos los impuestos. «¿Entonces ahora qué hacemos? ¿Con quién cumplimos? Este es el problema de legislar deprisa y de saltarse los procedimientos y eso no es en absoluto recomendable, por lo tanto, evidentemente, el impuesto nos parece mal», sentenció González-Bueno.
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