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Si los bancos conceden préstamos 'verdes', o más bien si las entidades financian actividades sostenibles, podrán beneficiarse de algunas de las medidas que la Unión Europea ha puesto en marcha para fomentar una economía que cumpla con objetivos medioambientales y de reducción de emisiones ... de dióxido de carbono (CO2). El camino es largo, más aún en el entramado burocrático comunitario, pero las bases ya están puestas: las entidades que demuestren este tipo de financiación podrán aplicarse una reducción del 25% en las exigencias de capital que ahora les requiere la regulación.
El beneficio no es baladí para unos balances que siguen sufriendo los envites de un contexto marcado por los tipos de interés en mínimos y, al mismo tiempo, por las exigencias de rentabilidad y solvencia de los mercados y las autoridades. De hecho, la banca española ha registrado los peores niveles de capital (CET-1 'fully loaded') de toda la UE en el último examen de transparencia elaborado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Las 12 entidades diseccionadas arrojaron una ratio media del 11,57%.
Una ayuda regulatoria de este calibre supondría una importante inyección para la banca. Aunque su aplicación práctica aún está por llegar. Por ahora, se trata de un artículo incluido en la directiva CRR2. La norma ha sido aprobada recientemente por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, aunque tiene que ser adaptada por el Gobierno a la legislación española. Por eso se calcula que pueda entrar en vigor en el primer semestre de 2021, según apuntan desde KPMG.
30 billones de dólares (unos 27.000 millones de euros), esto es, 27 veces el PIB español, están invertidos en activos sostenibles en todo el mundo.
Europa, epicentro Se calcula que de todo ese importe, aproximadamente un 50% de los activos verdes, se encuentran en la Unión Europea.
0,75 es el porcentaje que la directiva comunitaria establece para calcular los requisitos sobre fondos propios si se acredita que financian actividades 'verdes'.
Deuda Las estimaciones indican que ya existe un billón de dólares invertidos en bonos sostenibles y cerca de 100.000 millones en bonos considerados igualmente ligados al medio ambiente.
El objetivo es que los bancos también se impliquen en la lucha contra el cambio climático porque será una cuestión primordial incluso para analizar el estado de una entidad financiera. De hecho, el denominado como 'riesgo medioambiental' también será otra de las variables que se incluirán en los futuros test de estrés que elabore la EBA. Este organismo, cuya sede ha sido trasladada de Londres a París por el 'brexit', ha publicado recientemente varias guías en las que alertaba sobre la obligatoriedad de informar sobre las inversiones de los bancos que puedan llegar a financiar operaciones contaminantes.
Las corporaciones ya están dando pasos para ello. El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, resaltaba la semana pasada en un encuentro del IESE el «rol central» que puede desempeñar la banca en la distribución de los recursos ante el reto del cambio climático. E insistía en la capacidad de «influir en la agenda de los actores principales». También destacó el «importante papel» que juegan los bancos para abordar el desafío de la sostenibilidad. Porque son las entidades financieras las que tienen la capacidad de movilizar y canalizar los recursos financieros «para una sociedad más sostenible e inclusiva», apoyando a las empresas y otros agentes económicos en sus decisiones de inversión.
El objetivo de la UE con la propuesta de bonificar los requerimientos de capital pasa por financiar proyectos que ayuden a cumplir con determinados objetivos medioambientales. Por ejemplo, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos; la prevención y control de la contaminación; o la protección de los ecosistemas saludables, entre otros.
Conscientes de que su futuro también pasará por esa criba de los inversores, algunos bancos ya están analizando las actividades que financian de sus clientes. Se trata de monitorizar en qué consisten los negocios en los que se asientan y si cumplen determinados objetivos de eficiencia.
En el caso del Banco Sabadell, por ejemplo, quiere fijar calificaciones a sus decenas de miles de clientes que son empresas durante el próximo año. Así lo indicaba el consejero delegado del banco, Jaime Guardiola, recientemente: «Tarde o temprano, el supervisor va a venir pidiéndonos 'ratings' distintos y esto es un proceso muy complicado». El ejecutivo reconocía, al mismo tiempo, que se trata de un empeño personal para que «no nos agarre esto un poquito rezagados» en referencia a la transformación medioambiental.
Un banco será más sostenible cuanto más lo sean los proyectos que financia cada entidad. Aunque las corporaciones llevan a cabo iniciativas medioambientales, los inversores y supervisores tienen en cuenta el grado de eficiencia de sus clientes como termómetro para medir el compromiso del propio banco con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Sin embargo, la identificación de ese compromiso no es tan fácil de medir. Por ello, muchas entidades hacen referencia a lo que denominan como 'greenwashing', una especie de lavado de cara por el que muchos proyectos intentan vender sus bondades medioambientales cuando en realidad no las tienen.
La nueva directiva europea marca, al menos, algunas condiciones para lo que consideran como requisitos para aplicar beneficios regulatorios. Entre ellos destaca la mitigación y la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, la transición a una economía circular, la prevención y reciclaje de residuos, la prevención y control de la contaminación y la consiguiente protección de ecosistemas saludables.
Esa bonificación o menor consumo de capital solo se aplicará cuando esa exposición sea financiación a un ente creado para financiar o gestionar estructuras o instalaciones físicas, sistemas y redes que presten o apoyen servicios públicos esenciales. Además, la fuente de reembolso de la deuda debe provenir al menos en un 66% de su importe de las rentas generadas por los activos financiados.
Además, debe tratarse de créditos de bajo riesgo, en las que el deudor pueda cumplir sus obligaciones financieras incluso en situaciones de tensión grave; que los flujos de efectivo que genere el deudor sean previsibles y cubran todos los futuros reembolsos, y que el riesgo de refinanciación de la exposición sea bajo o reducido.
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