Los 60.347 millones de depósitos en riesgo del Popular activaron el rescate del FROB

De ese capital, 35.410 millones se encontraban bajo el paraguas del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que garantiza en hsta 100.000 euros estas cuentas. Y más de 8.200 millones pertenecían a pequeñas y medianas empresas. Esos son los registros que el FROB comprobó el pasado lunes y por lo que decidió actuar ante la salida de fondos del banco. La opción era perder ese dinero o que fueran los accionistas y los tenedores de deuda los que soportaran el impacto del rescate, como finalmente así fue.

En la sucesión de hechos que han afectado al Popular en las últimas jornadas, el pasado sábado día 3 de junio, fue un día clave, cuando se activaron todos los mecanismos europeos y españoles, para dar una solución rápida al problema de la entidad. Fue ese día cuando la Junta Rectora de Resolución europea decidió que, dado el estado de la compañía, era necesario prepararse para un escenario de venta del banco.

Pero las fuentes consultadas reconocen que llevaban días e incluso algunas semanas monitorizando la evolución del banco, no solo en lo relativo a su cotización bursátil, sino a otros registros internos claves para su posible actuación. Incluido un intercambio de información con el supervisor. Es decir, que las autoridades ya tenían bajo su lupa al Popular, a pesar de que ningún organismo público -Banco de España, CNMV, Gobierno o Unión Europea- dieron muestras de que algo se estaba moviendo entre bambalinas. Porque desde el FROB reconocen que a nadie se le escapaba que la situación del banco no era buena.

Finalmente, se optó por realizar una venta exprés al Santander, una vez declarada la insolvencia del banco por parte de las autoridades europeas. Aunque ningún organismo aclara si en realidad hubo más ofertas de otras entidades. Se trata de un término que desde el FROB no han querido aclarar, al entrar dentro de la confidencialidad de la operación, señalan fuentes de esta institución.

La preparación de la intervención estaba siendo tan clara que el propio FROB había contratado días antes de que se produjera la venta del Popular al Santander un asesor independiente que le ayudase a valorar el estado financiero del banco presidido hasta entonces por Emilio Saracho, así como los efectos que podría tener su transmisión a otra entidad, y los riesgos que con ello corría. Fue cuando se determinó que, en un escenario muy adverso, Popular se vería impactado en -8.200 millones de euros.