Aumenta la lista de banqueros enjuiciados que arruinaron las cajas

El procedimiento, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital segoviana, fue archivado el verano pasado. Pero entonces no se conocía la decisión del alto tribunal sobre el caso de las cajas gallegas (su fallo es del 13 de septiembre), donde confirmaba las condenas a dos años de cárcel impuestas por sendos delitos de administración desleal y apropiación indebida a cuatro exresponsables de aquellas que se aprobaron para ellos mismos unas prejubilaciones valoradas en 22 millones (aunque solo llegaron a percibir 13,2 millones) pese a que la situación de la entidad era de «práctica insolvencia».

Los magistrados del Supremo lamentaron no poder imponer un castigo mayor por la complacencia del tribunal de primera instancia y, en menor medida, la Fiscalía. La respuesta de la Audiencia Nacional fue ordenar el pasado 16 de enero el ingreso en prisión de esos cuatro exdirectivos, junto a un quinto y el abogado de las cajas, también condenados como «cooperadores necesarios».

Tan solo 10 días después la Audiencia Provincial de Segovia resolvió reabrir el caso de su caja de ahorros, atendiendo de forma expresa al criterio del alto tribunal con sus homologas gallegas. Y ordenaba, al tiempo, que el juzgado practicara únicamente aquellas diligencias de prueba que fueran «rigurosamente imprescindibles» para determinar los hechos punibles y sus autores.

Tras hacerlo, el instructor ha visto indicios suficientes de la posible comisión de sendos delitos de apropiación indebida y administración desleal por media docena de exdirectivos de Caja Segovia: el expresidente Atilano Soto; sus dos vicepresidentes, Mariano Agudíez y Elena García; el director general, Manuel Escribano; el secretario general, Antonio Tapia; y el director de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla.

Según su auto de conclusión del procedimiento, por el que da pie a la Fiscalía y las acusaciones a presentar sus escritos de calificación y pedir la apertura de juicio oral, todos ellos diseñaron «en su exclusivo beneficio» un plan de prejubilaciones. Lo hicieron con cargo a las cuentas de 2010 y «abusando de las funciones sociales» que tenían conferidas, garantizando además su cobro con sendas pólizas de seguros contratadas con la compañía Caser. Por tanto, el paralelismo con el caso de Novacaixagalicia es, a priori, bastante evidente, lo que hace ver que su futuro procesal es muy negro visto el criterio del Supremo.

Dos exdirectivos de CAI condenados

De otro lado, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a cuatro años de cárcel a dos ex altos cargos de la desaparecida Caja Inmaculada (CAI) por aprovecharse de ella en varias compraventas de inmuebles y operaciones crediticias. El tribunal les considera autores de un delito de apropiación indebida agravada y les impone el pago de una indemnización de casi siete millones.

Son el exdirector general, Tomás García, y el exconsejero Javier Alfaro, junto al empresario Ramón Marrero, socio suyo en esos negocios y gestor de varias sociedades participadas por la filial inmobiliaria de CAI.