Los afectados por las cláusulas suelo pueden reclamar desde hoy la devolución de su dinero

Que no espere el afectado una carta o llamada de aviso, sino que es el consumidor el que tiene que tomar la iniciativa para poner en marcha este proceso extrajudicial acudiendo a una sucursal, independientemente de que la entidad haya habilitado ya el mecanismo, pues dispone del plazo de un mes para establecerlo. Es decir, la banca -­tal y como establece esta norma-­ queda eximida de la obligación de dirigirse específicamente a cada usuario, aunque sí debe «garantizar» que ese mecanismo sea conocido por todos los consumidores con suelo e informar de este proceso en sus páginas 'web' y en las sucursales.

Cualquier persona física que haya firmado un contrato con cláusulas suelo -­ independientemente de si la hipoteca ha sido ya cancelada o no-­ , podrá acogerse a este mecanismo siempre y cuando cumplan los requisitos jurídicos.

Una vez hecha la reclamación, los bancos tienen la patria y potestad de decidir, en el plazo máximo de tres meses, si efectivamente las cláusulas son abusivas o no y, por tanto, si ofrece una compensación al cliente. En caso de que el banco dé la razón al cliente, deberá remitirle un cálculo de la cantidad a devolver incluyendo los intereses, dinero que podrá reembolsar en efectivo o bien mediante una solución alternativa, como la amortización proporcional de la hipoteca. Si no lo aceptara, la entidad tendrá que remitirle al cliente las razones por las que rechaza su solicitud. En este último caso, al afectado siempre le quedará acudir a la vía judicial, aunque lo hará sin saber de cuánto dinero se trata, porque la firma no está obligada a calcularla si no admite la queja.

El incentivo para que la banca no deje caer el caso en manos de la justicia es que deberá asumir las costas si la sentencia determina una devolución mayor a la cantidad que le ofreciera el banco a su cliente. Desde el punto de vista fiscal, la devolución del dinero no tributará, pero sí habrá que regularizar las deducciones por vivienda practicadas de más en los IRPF de los años correspondientes, sin asumir multas.

La cifras del impacto en la banca

Bankia ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo "no afecta sustancialmente" a las previsiones que realizó el pasado mes de diciembre, en las que cifraba en unos 200 millones de euros la retroactividad total de las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios y precisaba que ya había provisionado unos 100 millones.

"Lo previsto en el Real Decreto no afecta sustancialmente a la información ya publicada el pasado 21 de diciembre ni, por tanto, a la estimación del impacto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas suelo", ha subrayado este lunes la entidad.

Caixabank propondrá al consejo de administración incrementar la provisión para asumir el impacto de la devolución de las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios en 110 millones de euros, con lo que el total previsto se elevará a 625 millones de euros, según ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad catalana contaba con una provisión de 515 millones euros para hacer frente a la potencial restitución de cantidades derivadas de los contratos de hipoteca celebrados con consumidores que cuentan con cláusulas suelo.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre de 2016 y teniendo en cuenta la normativa aplicable, Caixabank prevé proponer al consejo de administración elevar la provisión por importe de 110 millones adicionales.

BBVA mantiene su estimación de un impacto negativo neto de unos 404 millones de euros en el beneficio atribuido del grupo de 2016 para cubrir la contingencia de futuras reclamaciones para devolver todo el dinero cobrado a los afectados por cláusulas suelo.

La entidad presidida por Francisco González, que ha realizado estos cálculos de forma "preliminar", ha contestado un requerimiento formulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a propósito del Real Decreto Ley del pasado 20 de enero de Medidas Urgentes de Protección de Consumidores en materia de cláusulas suelo, en el que se contempla una solución extrajudicial para los afectados.

En su contestación al supervisor, BBVA señala que "no modifica" la información difundida al mercado en el hecho relevante que publicó el pasado 21 de diciembre y en el que estimaba un impacto negativo en el beneficio de este año de 404 millones de euros por las posibles reclamaciones relacionadas con las cláusulas suelo. En aquel hecho relevante de diciembre, la entidad explicaba que dotaría una provisión en las cuentas anuales de 2016 para este asunto. El banco recordaba además que dejó de aplicar las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios a consumidores desde mayo de 2013. BBVA reafirmaba también su objetivo de alcanzar un ratio de capital de calidad con plena implantación de Basilea III (CET1 'fully loaded') del 11% en 2017.

Popular ha cifrado en 229 millones de euros el importe adicional a provisionar para asumir el impacto de la devolución de las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios, según ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el banco ha calculado este importe adicional a provisionar por el efecto de la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo derivado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre, frente a los 334 millones de euros contemplados en la información financiera del primer semestre.

De esta forma, el banco ha elevado hasta 563 millones de euros el importe total para hacer frente al impacto de las cláusulas suelo.

Banco Sabadell ha cifrado el impacto máximo que podría tener la devolución de las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios en 490 millones de euros y ha precisado que las provisiones realizadas por el grupo a 31 de diciembre de 2016 serían "suficientes" para absorber las posibles minusvalías sobre los activos y "los desenlaces de cualquier contingencia abierta".