Acusados de las 'black' de Caja Madrid admiten un posible cobro indebido

Así lo han explicado varios de los letrados de la defensa que han presentado hoy sus conclusiones, entre ellos Miguel Bajo, en representación del exvicepresidente de la CEOE Arturo Fernández, y Enrique Bacigalupo, en nombre de Miguel Angel Abejón, Jose Acosta, Carmen Cafranga, Antonio Cámara, Francisco Perez Fernández, Antonio Rey de Viñas y Javier Sánchez.

En defensa de Arturo Fernández, Bajo ha señalado que es "absurdo" acusarle de apropiación indebida, ya que para que se de el caso el bien debe poseerse previamente, e incorporarse a su patrimonio de modo ilegítimo; tiene que existir un título que acredite la propiedad legitima del bien, algo que no ocurre con una tarjeta ni con su saldo.

En ningún momento, ni durante el periodo en el que fue consejero de Caja Madrid, apenas dos años, ni después, recibió Arturo Fernández comunicación alguna sobre obligaciones tributarias, ha explicado el letrado, que ha recalcado que "no hay pruebas de que no haya declarado a Hacienda las cantidades que gastó".

Asimismo, ha recordado que en cuanto supo que Bankia quería proceder a una corrección del asunto de las tarjetas depositó la cantidad desembolsada, algo más de 37.000 euros, primero en la Fundación y después en la cuenta que el FROB tenia en Bankia.

En el mismo sentido se ha manifestado Bacigalupo en defensa de siete acusados; en su opinión, no se ha demostrado que alguien haya recibido cantidad alguna y que hubiera dolo, al tiempo que ha recordado que en ningún momento se les pidió que justificaran nada.

Todo el proceso, ha añadido, ha provocado la confusión de una cuestión meramente civil con una penal.

Durante la instrucción, ha indicado, el concepto de gastos de representación "ha sido difícil de captar", aunque ahora parece haber un consenso sobre que son los que reportan algún beneficio para la caja".

También han presentado hoy sus conclusiones Iñigo Ortiz de Urbina, en representación de Darío Fernández Yruegas, y María Jesús Díaz-Veiga, abogada de Juan José Azcona, al que en su opinión "no se le puede achacar ningún delito pues no ha habido nada ilegal, y además no hay pruebas porque el que acusa tiene que demostrarlo".

Mucho menos se puede hablar, como han hecho las acusaciones, de "compra de voluntades" con las tarjetas, ha añadido, algo absurdo cuando Azcona, que desembolsó 99.300 euros con la visa de la caja, "apenas gastó 800 euros mensuales y nunca fue empleado ni tuvo relación mercantil o laboral con la caja".

La letrada ha lamentado algunos de los calificativos empleados por el fiscal respecto a los acusados, en lo relativo a que actuaron con "rapiña" y que ellos eran "los dueños de la caja", y no había manera de controlarlos.

Díaz-Veiga ha recordado que "el dueño de una caja es la Asamblea, que aprueba los acuerdos, el mismo modo que los dueños del Banco Santander son los accionistas".

Los letrados han señalado al expresidente de la Caja, Jaime Terciero, como el responsable de poner en marcha el sistema de las visas, y también han vuelto a poner en duda o negar absolutamente la validez de las hojas excel facilitadas por Bankia con la relación de gastos efectuados.

En palabras de Bacigalupo, "no han podido demostrar qué gastos realizaron los tenedores de las tarjetas", y tampoco cabe considerar que hubo "engaño".

Mañana prosigue la presentación de conclusiones de las defensas, y en caso de no ser suficiente la jornada, continuará los días 30 y 31 de enero.