Las acusaciones coinciden en todo... salvo en quien debe ser indemnizado por las ‘black’

En juego hay 12 millones de euros en indemnizaciones por las sumas despilfarradas con esas polémicas tarjetas entre 1999 y 2012, una vez descontados otros 3,5 millones que corresponden a gastos irregulares ya prescritos. Pero apenas se han reintegrado 1,7 millones y solo por parte de un tercio de los acusados, incluidos eso sí los considerados tres máximos responsables de la trama: los dos últimos presidentes de la caja de ahorros madrileña, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, junto al que fuera su mano derecha y director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj.

La pugna entre ambas partes, no obstante, no se salió de lo meramente jurídico y tampoco hubo reproches cruzados. Y es que si algo quedó claro este miércoles en la decimoséptima sesión de este juicio -la segunda dedicada a los informes finales de las partes-, que comenzó a finales de septiembre y previsiblemente quedará visto para sentencia el viernes próximo, es que a este lado de la sala de la Audiencia Nacional donde se celebra la vista oral, el de las acusaciones, tienen una idea muy similar de qué pasó con las black, un escándalo que no tiene comparación que no tiene comparación en todo el sector financiero español, según denunció el abogado de Bankia, Joaquín Burkhalter.

A su entender, se ha probado al margen de toda duda que las actuaciones cometidas fueron ilícitas y las tarjetas irregulares. Todo en ellas era opaco, black, o un asunto delicado como recordaba el secretario general de la caja entonces, el señor (Enrique) De la Torre en el mail a su sucesor en el cargo, argumentó el letrado, para a continuación insistir en que todo en ellas es subrepticio, desde su autorización y su emisión hasta cómo se gestionaban.

Burkhalter, asimismo, dijo que el hecho de que el propio sistema de las black se diseñara para que fuera opaco a la inspección del Banco de España, y a la vez se ocultara a la CNMV, demuestra una ocultación que elimina la posibilidad de error de ningún tipo en la conducta de los acusados. A este respecto su colega Fernando Aizpún, que representa los intereses del FROB, apuntó que en el juicio se han mostrado pruebas contundentes de que las tarjetas se han utilizado para usos personales (compras en joyas, viajes, supermercados, arte sacro e incluso lencería) y no para costear gastos inherentes a la actividad de la empresa.

No basta con ir a cobrar

Por eso ve justificado que ante esta desviación de fondos de las entidades se les pueda condenar por un delito de apropiación indebida y, en quienes tuvieran responsabilidad de decisión, también administración desleal. Caracterizar estas tarjetas como gastos de representación, incluso a efectos de contabilización, es algo contrario a la realidad de los hechos, apuntó Aizpún. Y si no son eso son remuneración, que no puede serlo porque es ilícito al ir contra lo aprobado por el consejo y los propios estatutos de la entidad. Porque, como apostilló luego el abogado de BFA, Alberto Gómez Fraga, ser consejero no es solo ir una vez al mes y cobrar; tienen obligación de conocer la normativa interna.

Pero la unidad argumental de estos tres letrados se quebró al hablar de quien debía ser indemnizado aquí. Para los representantes de Bankia y BFA, su matriz, el impacto patrimonial del daño causado con las black ha recaído en ambas por lo que claramente deberían recibir esos 12 millones. Decir que los gastos no afectan al balance es un error, señaló Gómez Fraga, quien explicó al respecto que el resultado del ejercicio, ingresos menos gastos, va al patrimonio neto".

Por su parte, el asesor jurídico del FROB (accionista mayoritario de BFA, con el 65,5%), defendió su derecho a recibir esa restitución porque el hecho fundamental aquí es el saneamiento de Bankia con fondos públicos. La intervención del FROB ha sido por ley -justificó- para preservar la estabilidad del sistema financiero puesta en peligro por una entidad de carácter sistémico.

Quien evitó entrar en esa controversia fue el abogado que ejerce la acción popular en nombre de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), el exdiputado de UpyD Andrés Herzog, quien sostuvo durante su informe que las controvertidas tarjetas formaban parte de un sistema de compra de voluntades para pacificar el consejo de administración" de Caja Madrid, un objetivo -añadió- para el que resultaba fundamental la aportación de los directivos.