Varios testigos de las defensas tratan de sembrar dudas al tribunal de las tarjetas 'black'

De hecho, la intención de los abogados de los 65 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia que desde finales de septiembre se sientan en el banquillo desde finales de septiembre acusados de un delito de apropiación indebida, y de forma alternativa algunos también de administración desleal, por el despilfarro de 15,5 millones de euros a través de ellas entre 1999 y 2012 es hacer que esas dudas sean «razonables», lo que impediría que sus patrocinados fueran condenados. Este lunes parecieron conseguirlo por momentos, aunque al final volvieron las vacilaciones.

Tres exconsejeros de Caja Madrid, imputados en la fase inicial del caso y ahora testigos de la defensa se libraron del juicio por prescripción del delito en su caso, coincidieron en afirmar que los controvertidos plásticos formaban parte de su remuneración habitual. «Al final no podía ser otra cosa más que una retribución; lo sabía todo el mundo», firmó Emilio Navasqües, que es la vez hermano de uno de los acusados.

Preguntado por varias de las defensas, declaró que la dinámica general no cambió tras el relevo en la presidencia de Jaime Terceiro por Miguel Blesa en 1996, pese a lo testificado hace tres semanas por el primero. «Todo siguió igual; no hubo ningún cambio», señaló. Así, por ejemplo, dijo que aunque su tarjeta disponía de clave PIN (para usarla libremente) no llegó a utilizarla.

Y es que, pese a su tesis de que la polémica tarjeta era una parte más de su sueldo dijo que, al entregársela, le comentaron: «Para tus gastos», Ángel Montero, exsecretario general de la caja de ahorros y ya fallecido, le advirtió: «No te pases del límite». En el caso de su excompañero de consejo, Ignacio Varela, tal tope era de 2.500 euros mensuales.

Este testigo, no obstante, intentó matizar tal condicionante a preguntas de las acusaciones: me dijeron el límite «porque lo pregunté, no como una imposición». Su respuesta extrañó al letrado de la asociación CIC, que ejerce la acción popular, quien le preguntó si siempre agotaba ese tope. Varela contestó que no y el abogado volvió a la carga: «Entonces, usted realizaba donaciones de parte de su salario a Caja Madrid, ¿no es así?».

Varela no supo que contestar de primeras, aunque luego trató de argumentar que «por mis finanzas personales» no necesitaba agotar el saldo de la tarjeta. No era la única limitación pues el testigo reconoció, a preguntas del fiscal, que le dijeron que debía utilizarla «de forma adecuada, con prudencia», e incluso mantener cierto control manual de sus gastos la caja no les daba sus movimientos, algo que suele pasar con los plásticos de empresa.

Todo estaba supervisado

Añadió, además, que en la caja le dijeron que «todo estaba bajo supervisión del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, asimismo. aprobado por todos los órganos de la caja. Por tanto señaló-, las garantías eran totales y yo confié plenamente en ello». Así se lo manifestó Enrique de la Torre, sucesor de Montero como secretario general de la entidad y a quien el testigo identificó como el asesor jurídico, y no tenía por qué dudar de su palabra.

Pero las dudas persisten y hasta el fiscal Alejandro Luzón admitió este lunes que hay contradicciones entre varias de las declaraciones que se han escuchado en la vista oral, tanto de acusados como de testigos. Pese a ello, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga este caso rechazó el careo solicitado por el abogado del que fuera número tres de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, con el citado De la Torre, al considerar que no aportaría más luces porque ambos se mantendrían en sus versiones.

Lo que sí admitieron los magistrados es que se incorporen al procedimiento sendas cartas remitidas (en 1988 y 1992) a dos exconsejeros de la etapa de Terceiro que muestran que sus tarjetas sí disponían de PIN y, por tanto, podían usarlas libremente, un extremo que el expresidente negó cuando testificó en el juicio, que se reanudará este miércoles con la exposición y debate de las distintas pruebas periciales.