Dos acusados de las 'black' afirman que la Comunidad de Madrid las conocía

El primero en abrir esa puerta fue el exconsejero José María Buenaventura, quien también formó parte de la comisión de control de la caja de ahorros, «con voz pero sin voto». Entró en la entidad a propuesta de la Comunidad de Madrid como jefe de gabinete del consejero de Hacienda y, según él, fue el entonces número dos del departamento, Enrique Osorio, quien le informó de cuál era la forma de retribución.

«Me comentó señaló a preguntas del fiscal Alejandro Luzón que la Comunidad tenía un convenio con Caja Madrid y que las remuneraciones eran por asistencia, además de contar con una tarjeta de libre disposición». Ya en la fase de instrucción, aunque sin concretar nombres, Buenaventura había declarado que en el Ejecutivo regional «se me dijo que la costumbre era así... y los que me habían precedido tenían el mismo paquete retributivo».

Desde el entorno del político, ahora portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, se negó ayer tal extremo, afirmando que solo le informó de que se abonaban dietas y que de las black solo se enteró por la prensa. Buenaventura, no obstante, insistió en su versión: «sobre las instrucciones (para el uso de la tarjeta) Espinosa (entonces vicesecretario general del consejo de la caja) lo que hizo fue corroborar lo que me dijo Osorio, que podía realizar gastos personales con ella». En total, dispuso de 62.932 euros por ese medio.

En la misma línea, aunque sin nombrar a Osorio, el también exconsejero y miembro de la comisión de control Rafael Torres, dijo que «la primera vez» que le informaron de que tenía una Visa de ese tipo fue en la Comunidad. «Los partidos políticos mandaban a la gente (a la caja) diciéndoles que tenían unas dietas y una tarjetita relató; si luego les hubieran dicho que era solo para gastos de representación habrían entrado en una contradicción».

No obstante, cree que a cada uno terminaron contándole una versión algo distinta. «Yo tengo clarinete que a mí me dijeron que era para gastos propios de mi función, pero puedo entender que a otros se les dijera que era de libre disposición», añadió intentando restar importancia a esta contradicción aparente.

Dos tarjetas para algunos

Y es que entre la docena de acusados que declararon este viernes volvieron a escucharse diferencias sobre si el uso que les autorizaron para sus black era personal o meramente profesional. También había distinciones respecto al número de tarjetas pues algunos de los acusados gozaron de dos, una para cada uso, en razón de su cargo. Así pasó con los ex directores de negocios y organización de la caja, Matías Amat y Ricardo Morado, respectivamente.

Sí hubo más coincidencia entre todos ellos al señalar que desde Caja Madrid se les comentó que no se preocuparan por la trascendencia fiscal de ese tipo de pagos y también para atacar a Bankia. «Cada vez estoy más convencido de que somos cabezas de turco para pagar algo», se quejó Rafael Torres, quien confesó que con su tarjeta abonó la estancia en Madrid de hasta nueve personas que le asesoraban porque solo era «un licenciadillo en Derecho».

La vista oral proseguirá el lunes último con el interrogatorio de los últimos acusados que aún quedan pendientes, entre ellas las del exconsejero Rafael Spottorno, que antes fue jefe de la Casa del Rey Juan Carlos I. El martes, si se cumplen las previsiones, comenzarán las declaraciones de los testigos.

Los primeros en testificar son dos personas que pueden resultar claves para desmontar en parte las versiones autoexculpatorias de los acusados por las black: Jaime Terceiro, el expresidente de Caja Madrid a quien Miguel Blesa trata de situar como el origen de este polémico sistema de pagos, y Francisco Verdú, uno de los tres ex altos cargos que no hizo desembolsos con su plástico y ni siquiera firmó el contrato correspondiente porque por su oficio bancario sabía que aquello no era normal.