Los grandes bancos triplican la comisión por el uso de sus cajeros al resto de entidades

En su análisis, el regulador sostiene que el nuevo sistema podría favorecer, en principio, a las entidades con grandes redes, al permitirles actuar con mayor independencia. Al contrario, las entidades con una implantación de terminales más pequeña verían cómo el modelo nuevo es menos ventajoso, según Competencia, al no poder ofrecer el servicio en las mismas condiciones que antes, y buscar socios con los que poder completar sus redes para prestar el servicio a los usuarios.

El informe aún no puede cuantificar cuál ha sido el efecto de los cambios propiciados por las entidades entre los clientes. El regulador sí anticipa que es de esperar que como consecuencia del incremento en las comisiones por el uso de cajeros ajenos, decidan recurrir a la red de cajeros de su propia entidad o de aquéllas con las que haya firmado acuerdos, lo que podría neutralizar, o al menos disminuir, los teóricos beneficios derivados de una fijación unilateral de comisiones.

Además, también anticipa un cambio en el comportamiento de los titulares de tarjeta. Para el regulador, propicia un mayor uso relativo de la red propia frente a las ajenas y podría dar lugar a un repliegue de los usuarios hacia las entidades con mayor red de cajeros. También apunta que las entidades con red podrían rentabilizarla mejor al aumentar su uso por clientes propios, reducir los pagos a entidades terceras y aumentar los ingresos por operación obtenidos de las retiradas de efectivo realizadas por clientes de otros bancos, factores todos ellos que claramente les favorecen.

El cambio de modelo de las tarifas en los cajeros parte de CaixaBank, cuando en marzo del año pasado anunció el cobro de dos euros por operación de retirada de efectivo a los usuarios que no fueran sus clientes. De esta forma, la firma decidía unilateralmente cobrar directamente al usuario de otra entidad, rompiendo con el sistema por el que las entidades adquirentes (propietarias de cajeros) cobraban a las entidades emisoras. Sin embargo, el Gobierno aprobó un decreto en el que estableció esta prohibición, aunque se permitía que cada banco propietario del cajero obligara al de la tarjeta ajena a su red a aplicar una tarifa que después este último podría, o no, repercutir sobre su cliente.

Desde ese momento, comenzaron a forjarse pactos entre entidades financieras. El acuerdo más importante fue el establecido entre Bankia, Sabadell y la red Euro 6000, que incluye cerca de 18.000 cajeros (casi cuatro de cada diez), con una comisión recíproca de 0,65 euros por operación. Por su parte, CaixaBank, Santander y BBVA no han firmado ningún pacto con otras entidades y fijan de forma unilateral sus comisiones, que alcanzan los dos, 1,87 y 1,85 euros, respectivamente. Entre otros, Banco Popular y Bankinter son las entidades que más acuerdos bilaterales han suscrito.