La Justicia europea rechaza la retroactividad total de las cláusulas suelo

"A título de excepción, las mencionadas repercusiones pueden justificar la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva, sin que se rompa el equilibrio en la relación existente entre el consumidor y el profesional", asegura el abogado general.

Las conclusiones conocidas en la mañana de este miércoles son relevantes porque el criterio de los abogados generales es respetado en una altísimo porcentaje por los magistrados a la hora de emitir sus sentencias. Se calcula que en torno al 80% de los casos.

La vista sobre las cláusulas suelo (establecen un mínimo con independencia de los tipos de referencia) se celebró el 26 de abril en Luxemburgo, sede del TJUE, después de que tres clientes de diferentes entidades denunciaran el abuso. En ella, los abogados de los bancos esgrimieron un informe del Banco de España advirtiendo del grave impacto de hasta 7.600 millones que sufrirían. De hecho, este fue el principal argumento para que el Supremo limitase la devolución del dinero cobrado de más a mayo de 2013, meses después de que España tuviera que solicitar un rescate financiero de hasta 100.000 millones a sus socios del euro.

Los perjudicados, por contra, exigen la retroactividad total en la devolución, es decir, desde el inicio del contrato. No obstante se estima que es a partir de 2009, tras el estallido de Lehman Brothers, cuando las cláusulas suelo muestran sus efectos más perversos para el bolsillo de los hipotecados. Según las asociaciones demandantes, se estima que hay "más de dos millones de familias afectadas".

Dos millones de familias

"Las consecuencias de la sentencia son inmensas. Estamos hablando de entre 5.000 y 7.600 millones según el informe del Banco de España y de 5.800 millones según el informe aportado por nosotros", recalcó Juan Rodríguez Cárcamo, abogado del BBVA, uno de los tres bancos representados junto al Popular y Caja Sur. Y si España cae, "el riesgo de trastornos graves para el orden económico" incluso del conjunto del euro es evidente, recordaron las defensas.

Los afectados, sin embargo, lo tienen muy claro. El perjuicio no es sobre España sino sobre las cuentas de resultados de los bancos, "de sus beneficios". "No debemos olvidar que son 5.000 millones que han sido arrebatados a más de dos millones de familias españolas por casi todas las entidades financieras que operan en nuestro país", recalcó Daniel Pineda, abogado de uno de los denunciantes. Por su parte, la Abogacía del Estado no recurrió al informe del Banco de España, sino que centró su estrategia procesal en defender el criterio del Tribunal Supremo y la jurisprudencia fijada en mayo de 2013.