ATA denuncia que el 80% de las administraciones incumplen la ley de morosidad

La administración central es la que más se acerca al cumplimiento de la ley al pagar a 43 días de media. Aunque desde ATA recuerdan que es la administración que menos servicios prestan los autónomos. Por su parte, la comunidades autónomas abonaron las facturas a sus proveedores en 64 días, lo que también supone un significativo descenso de 34 días respecto al ejercicio anterior. Sólo País Vasco y Navarra cumplen con la ley al pagar en 30 y 31 días, respectivamente. Hay seis regiones que tardan entre 30 y 60 días (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia), mientras el resto excede más del doble el límite e incluso la Comunidad Valenciana y Murcia lo triplican con 95 días y 99 días.

Además, el estudio también pone de relieve un empeoramiento severo de los ayuntamientos, que han incrementado sus plazos un 19% al pasar de 67 días en 2015 a 80 el año pasado. Una subida que el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha achacado a que muchos municipios con superávit han abierto la mano y han aumentado los plazos.

En cualquier caso, el récord absoluto en el incumplimiento de la ley de morosidad la tiene Alcorcón. Este municipio madrileño tarda 449 días en pagar sus facturas a los autónomos. Le siguen Algeciras (404 días) y Gandía (345). En el otro extremo se sitúa Fuengirola, la localidad de más de 45.000 habitantes que antes paga: 12 días.

Peor las grandes empresas

El informe también denuncia que el sector privado también incumple el plazo de 60 días para abonar las facturas. Un límite que exceden especialmente las grandes empresas porque pueden hacer valer su posición de dominio. En concreto, aquellas con más de 1.000 trabajadores tardan 119 días. Las compañías de 250 a 1.000 en 114. Las medianas (50 a 250 empelados) tardan 68 días. Por su parte, las pequeñas empresas (de 9 a 50 trabajadores) y las microempresas (menos de 9 trabajadores) cumplen con la ley al pagar en 47 y 43 días, respectivamente.

No pagar dentro de los plazos legales sigue saliendo gratis, ha lamentado Amor. El responsable de ATA ha insistido en la necesidad de implantar un régimen sancionador para aquellas administraciones públicas y empresas privadas que excedan reiteradamente el límite pago. Además, alertó del paso atrás que supone incluir en la nueva ley de contratos públicos que se tramita en el Congreso la excepción de aplicar el plazo de pago fijado en la ley si existe acuerdo entre las partes (contrata y subcontrata) porque las grandes empresas podrían imponer sus condiciones a los proveedores.