Cuenta atrás para que desaparezca la telefonía del siglo XX en España

Se suele decir que las cifras son elocuentes, pero es que en este caso bien se podría interpretar que hablan a gritos. Solo el 12% de las personas que viven en España afirman usar alguna vez al año este servicio, todavía por encima de la media europea (8%) pero apenas la mitad de los que aún recurren en nuestro vecino del oeste, Portugal (18%), o en un uno de los países de la vieja Europa como Austria (17%). Los datos corresponden al último Eurobarómetro publicado (con datos de 2014, eso sí), donde también quedaba claro que ocho de cada 10 europeos (el 81%) están en contra de que las cabinas sigan estando dentro del servicio universal.

Aunque la normativa que ampara esa consideración de las actividades de telecomunicaciones que deben estar especialmente protegidas es de alcance comunitario, la Comisión Europea deja libertad a cada Estado miembro para tomar sus propias decisiones mientras se asegure de que los ciudadanos mantienen alguna alternativa cuando se prescinda de un servicio concreto. Es lo que paso en países algo alejados como Estonia, República Checa y Finlandia, aunque también en nuestro vecino del norte. Francia decidió hace poco acabar con los teléfonos públicos, lo que ha beneficiado a Orange (France Telecom) porque como antiguo operador monopolista el Gobierno podía obligarla a mantenerlos.

Es lo mismo que ocurre en España con Telefónica. Por su condición de antigua compañía pública de gran presencia en el mercado se ha visto obligada a prestar el servicio de cabinas en España: la primera se instaló en Madrid en 1928 cuando nadie le hacía sombra. Lo hace a través de su filial TTP Cabitel y el último contrato firmado con el Ministerio de Industria para ello vence a finales de este ejercicio. Eso sí, el coste de su mantenimiento lo reparte con los otros dos grandes operadores de telefonía que actúan en el país: Vodafone y Orange. El problema es que dicha factura se ha triplicado con creces en los cuatro años, al pasar de los 400.000 euros que precisaba en 2012 a los más de 1,5 millones de 2015.

Reducción progresiva

No obstante, la multinacional que preside Cesar Alierta ya venía reduciendo el número de teléfonos públicos de pago desde hace años hasta llegar al mínimo requerido por la ley. Comenzó este siglo con 108.900, pero al cierre de 2015 solo quedaban 25.820, es decir, poco más de una cuarta parte. Y todo esto a un ritmo de ajuste que en los tres últimos ejercicios llegó al 40% anual. Pero ahora desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que actúa aquí en un doble papel de vigilante de mercado y regulador del sector de las telecomunicaciones, se pretende que esa eliminación se incremente tanto como para hacer que las cabinas se convierta en una rara avis dentro de España.

En el órgano que preside José María Marín Quemada tienen claro que estamos ante un servicio en declive y de baja rentabilidad en el que, además, no es posible identificar zonas geográficas donde la iniciativa privada asegurara por sí sola la prestación del servicio universal correspondiente. Lo que sí se ha demostrado es la demanda de las cabina ha disminuido de forma importante, mientras sus costes subían de manera ostensible, por lo que sugiere al Ministerio que evalúe si aún es conveniente que se considere este servicio como universal.

Tal consideración obliga a que haya al menos un teléfono público de pago en cada localidad que supe los 1.000 habitantes, aumentando en otro más por cada 3.000 personas. Para los municipios con menos población, la ley prevé una cabina siempre que se justifique conforme a los criterios de oferta mínima. Y una vez que Telefónica quede liberada de su obligación actual, lo que podría ocurrir desde el próximo 1 de enero de 2017, las cabinas seguramente pasen a ser solo historia pasada salvo en los pueblos pequeños o de difícil acceso.

Adiós a las guías

Parecida suerte correrán las también populares guías telefónicas. Dese 2014 solo se envían a los abonados previa petición expresa, aunque su información sí está disponible vía internet. A su vez, los usuarios tienen derecho a que figure su número y también a no constar en dichos listados. Según Eurostat, la agencia estadística que elabora el Eurobarómetro, la mitad de quienes viven en España (el 52%) admite que nunca los ha consultado en formato papel, y dos de cada tres (67%) señalan que ni siquiera lo han hecho en la página web correspondiente.

En esa tesitura, desde Competencia también recomiendan aquí que deje de ser un servicio universal de prestación obligatoria. El que sí se mantendrá sin variaciones es el de información telefónica, que hasta 2012 prestaba Telefónica a través del número 11818. Después se abrió el mercado y llegó la competencia, alcanzando su auge en 2011 con más de 58 millones de minutos cursados a esos números, y por encima de juna treintena de proveedores. A principios de 2015 solo eran 22 millones y la cifra de operadores se había reducido a casi la mitad (18).