La Administración reactiva los viajes del Imserso tras rechazar el recurso de los hoteleros

Dicho órgano administrativo afirma en su resolución que no ha observado «infracción alguna que justifique la anulación de los pliegos», al tiempo que sostiene que «el valor estimado del contrato se ha calculado atendiendo a precios de mercado», argumento con el que intenta echar por tierra la queja hotelera de que pueden verse obligados a trabajar a pérdida -algo que según las empresas ocurriría a un precio medio por persona de 20 euros-. Asimismo, reprocha a la patronal del sector «una escasa concreción» en sus argumentos.

Por su parte, en CEHAT critican que el TACRC «se ha apartado completamente de su propia doctrina» en una decisión que califican de «inédita», al «pretender que seamos los interesados quienes justifiquemos los costes de los contratos» de la Administración, en vez de hacerlo los propios licitadores. Por eso estudia recurrir ante la justicia ordinaria -en concreto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional-, para lo que tiene dos meses de plazo. Y dado que los viajes del Imserso de la próxima campaña deberían comenzar a principios de octubre, es posible que pidan al tribunal una nueva suspensión cautelar, aunque en este caso de la ejecución del propio programa pues el concurso ya se habría resuelto.

Por eso, si es usted pensionista y ya estaba planificando sus viajes para la próxima temporada de viajes subvencionados por el Estado, tenga paciencia porque la batalla jurídica entre los hoteleros -que se sienten «menospreciados»- y el Gobierno parece no haber concluido. Desde Cehat señalan que propio Imserso determina que los precios de la contratación de estancias en 2019 «deberá oscilar en una cantidad entre 23 y 42 euros, pudiendo facturar de forma adicional -pues existe una partida para ello, apostilla-, todos los gastos derivados de la animación sociocultural y sanitaria».

Los hoteleros sostienen que, por debajo de 25 euros por persona, se verían forzados a incurrir en pérdidas (ahora mismo el precio previsto en los contratos no pasa de los 22,5 euros) para evitar perjudicar la calidad de los servicios prestados. El importe de los viajes del Imserso es de 1.142 millones de euros (sin IVA) para la licitación de las dos próximas campañas, que son prorrogables por otros dos años.

«El Estado hace un negocio redondo» con estos paquetes vacacionales del Imserso, se quejaba la patronal en un reciente estudio donde exponía que «por cada euro que invierte recupera 1,5 euros». Lo hace a través de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores de las empresas turísticas que participan en esas campañas, el IRPF retenido, el IVA consumido por los propios pensionistas e incluso las prestaciones por desempleo ahorradas en empleados del sector que, de otra forma, estarían en el paro durante la temporada baja.

Las arcas del Imserso sufragan el 21% de esos desplazamientos y las estancias, mientras que los jubilados que se benefician de los viajes costean el resto a precios asequibles. Se prevé que 900.000 pensionistas puedan participar en la próxima campaña, que tiene previsto comenzar «en los primeros días de octubre» -la semana próxima se enviarán las primeras cartas a los usuarios de ejercicios anteriores- . Se divide en tres lotes: costa insular, turismo en zonas de costa peninsular y turismo de interior y procedencia europea.

A finales de abril la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó un informe donde criticaba la falta de competencia en el reparto del programa de viajes del Imserso, al constatar que desde la campaña 1998-1999 un único operador ha resultado adjudicatario de ese concurso «de manera sucesiva». En concreto, una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Halcón Viajes, Viajes Barceló, Viajes Iberia y Viajes Marsans.

Además de demandar medidas para favorecer una «mayor concurrencia» en próximas convocatorias, los responsables de Competencia pedían a la Administración que hiciera una «evaluación «ex ante» y «ex post» de todo el proceso. Esto, señalaban, implicaría realizar «estudios rigurosos de mercado» tanto de la demanda como de la oferta con el fin de «maximizar la eficiencia económica».