El Gobierno aprueba un presupuesto sobrio pero con concesiones políticas

El límite de gasto se mantiene en un nivel parecido al del cierre de 2016 para cumplir con el objetivo de déficit público comprometido con Bruselas en el 3,1% del PIB.

No obstante, el acuerdo de investidura suscrito con Ciudadanos ha obligado al Gobierno a pactar con este grupo partidas sociales y de inversión por importe de 4.087 millones de euros, que incluyen la vuelta al tipo de IVA reducido del 10% para los espectáculos en vivo dentro del ámbito cultural y taurino, lo que tendrá un coste para las arcas públicas de 55 millones.

Según Ciudadanos, aproximadamente la mitad del montante total corresponderá a partidas sociales para "levantar" a la clase media perjudicada por la crisis económica, en tanto que la otra mitad se destinará "al futuro, la innovación y el conocimiento".

Para afianzar el cumplimiento del déficit por el lado de los ingresos, el Gobierno avanzó en diciembre -en el proyecto presupuestario enviado a Bruselas- que adoptaría medidas fiscales para recaudar alrededor de 7.500 millones, de los que la mayoría (4.655 millones) procederán de las limitaciones a deducciones en el impuesto de Sociedades, ya aprobadas por decreto-ley en diciembre.

Otros 700 millones correspondían al nuevo impuesto sobre bebidas azucaradas y a los impuestos medioambientales que Ciudadanos asegura que finalmente no se van a llevar a cabo, dada la oposición mostrada por la mayoría de los grupos parlamentarios y a la vista de la buena evolución de la recaudación.

Con los sindicatos, Hacienda ha negociado ampliar la tasa de reposición del empleo público al 100% para un mayor número de colectivos, lo que permitirá sacar a concurso 67.000 plazas en la Oferta de Empleo Público de 2017, de las que mañana se adelantarán mediante decreto-ley las destinadas a docentes, policía y guardia civil.

En este apartado se integra también el desbloqueo de unas 500 plazas para la policía autonómica del País Vasco (Ertzaintza) -recurridas por el Gobierno central-, lo que ayudará a conseguir el apoyo del PNV para salvar el debate de totalidad en una tercera votación por empate.

No ha habido concesiones en lo que respecta a los salarios de los empleados públicos, un aspecto en el que el Gobierno ha optado por la moderación, al mantener la subida del 1% que ya aplicó en 2016.