La estiba retoma la negociación tras el 'no' del Congreso al decreto del Gobierno

En la mesa negociadora, en la que el presidente del CES, Marco Peña, actúa como mediador entre la patronal y los sindicatos, estará presente por parte del Ministerio de Fomento, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, y un cargo del Ministerio de Empleo, ha señalado De la Serna en el acto de colocación de la primera piedra del Teatro de Cámara de la Sociedad Cervantina en Madrid.

El ministro espera que la patronal y los sindicatos "cierren un acuerdo este tarde en el marco de lo posible y también viendo, por supuesto, que hay otros muchos trabajadores en este país y otros muchos sectores que están en empresas y que tienen que trabajar y que tienen unos derechos que son los que son y eso también hay que tener en cuenta".

El ministro ha reiterado que la propuesta del Gobierno, bautizada como "acuerdo tripartito", que contempla prejubilaciones voluntarias con el 70 % del sueldo de los últimos seis meses a partir de los 50 años o la subrogación de los trabajadores, entre otras medidas, es "extraordinaria, ambiciosa y muy generosa".

No obstante, "aunque la ayuda del Gobierno es enorme, tiene que haber también colaboración por parte del sector empresarial y del sector sindical", ha matizado.

El ministro confía en que todos actúen con responsabilidad y que respondan a la oferta generosísima del Gobierno también aportando, tanto los sindicatos como la patronal, porque "es evidente que tiene que haber voluntad de acuerdo y cesiones por las partes".

Ha insistido en que el Gobierno tiene la obligación de cumplir con la sentencia europea que obliga a España a liberalizar el modelo de la estiba para evitar que caiga un segundo fallo del Tribunal de Justicia de la UE y "va a seguir ejerciendo su responsabilidad" y ha pedido "que todos ejerzan esa responsabilidad y traten de colaborar en conseguir ese objetivo".

La sociedad española "ha dicho alto y claro" el viernes pasado, una vez se conoció el "no" del Parlamento a la reforma de la estiba, que España "no puede estar incumpliendo la ley, tiene que cumplir las sentencias europeas", es la obligación del Gobierno "y la de todos los que tienen que aprobar ese real decreto ley en el Congreso", ha insistido.

"Espero que el mensaje haya sido bien entendido por las fuerzas políticas", ha añadido.

De la Serna ha recordado que la multa impuesta por Europa es de 27,522 euros diarios desde la primera sentencia de diciembre de 2014, y aunque la CE paró el reloj de dicha sanción en el momento en el que el Gobierno preparó el decreto ley, tras su derogación, lo activará de nuevo.

Además, la multa se multiplicará hasta los 134.107 euros diarios cuando llegue la segunda sentencia, que "está al caer", ha advertido.

De Guindos confía en «reconducir» el debate

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis De Guindos, ha confiado este martes en que el debate sobre la reforma de la estiba se "reconduzca" y en que los grupos de la oposición que se abstuvieron o votaron en contra entiendan "la necesidad de cumplir con la normativa comunitaria".

"Espero que el tema se reconduzca, que los grupos que votaron en contra o se abstuvieron se acaben de alguna forma convenciendo de la necesidad de cumplir con la normativa comunitaria", ha afirmado a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).

El ministro de Economía ha señalado que una multa de 134.000 al día es "bastante importante", pero ha remarcado que "lo importante" es que esta sanción "refleja en última instancia el reflejo y la falta de cumplimiento por parte de España".

"En estas cuestiones, la Unión Europea es un club y tenemos que respetar todos los planteamientos que hace", ha apuntado, para después añadir que "se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo", pero ha recordado que se trata de una sentencia que indica que España tiene un régimen laboral que incumple la legislación comunitaria.

"Un parlamento no puede ir en contra de una sentencia de Luxemburgo", ha enfatizado, en referencia al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) de diciembre de 2014, que condenó a España no cumplir su obligación de reformar el régimen de trabajo de la estiba portuaria.