La OCDE pide a España subir los impuestos y reducir los costes del despido

La institución reconoce los avance producidos e incluso revisa al alza su previsión de crecimiento para 2017 hasta el 2,5% (la misma que el Gobierno) y mantiene en el 2,2% su estimación para 2018 (el Ejecutivo proyecta un 2,4%). Sin embargo, considera que España incumplirá el objetivo de déficit de este año al acabar en el 3,4% en vez del 3,1%. Y achaca parte de ese desfase a un sistema tributario que contiene vacíos legales que menoscaban la base fiscal. Para subsanarlo propone acabar con los tipos reducidos (10%) y superreducido (4%) del IVA al considerarlos como el principal factor de la escasa eficiencia de la recaudación de este impuesto en comparación con otros países. Así, pide al Gobierno reconsiderar los méritos de los tipos reducidos del IVA y eliminar aquellos que beneficien fundamentalmente a la población con mayores ingresos.

Pero la crítica más dura del informe se centra en la infrautilización de la fiscalidad verde. Los ingresos procedentes de impuestos ambientales han disminuido en términos reales desde el año 2000 sostiene. El documento considera que hay margen para elevar el tributo sobre hidrocarburos por encontrarse por debajo de la media de la OCDE. El organismo que dirige Ángel Gurría aboga de forma insistente por elevar la presión fiscal sobre el litro de diésel que genera más CO2 y es más contaminante- hasta que su tributación al menos iguale a la gasolina. De esta forma estima que se podrían lograr 4.000 millones adicionales de recaudación.

El documento aplaude el incremento de las tasas sobre el tabaco y el alcohol aprobado por el Gobierno en diciembre y recuerda que todavía podrían aumentarse más porque todavía están por debajo del promedio de la UE. Sin embargo, a la OCDE no le gustó tanto la eliminación de algunas deducciones del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas, especialmente la limitación a la compensación de bases negativas. El documento recuerda que debido a la profunda crisis muchas empresas han sufrido pérdidas que ahora no se podrán deducir en parte. Algo que a su juicio podría reducir los incentivos de las empresas a la hora de asumir riesgos en el futuro y disminuir de manera significativa el atractivo de España como destino de inversión.

Pensiones con impuestos

La OCDE también muestra su preocupación por el déficit de la Seguridad Social y la sostenibilidad del sistema de pensiones debido al efecto del envejecimiento de la población así como al legado de la crisis. Sin embargo, no considera que un aumento de las cotizaciones sociales sea la solución al considerar que ya son muy elevadas (28% de los costes laborales en comparación con un promedio en la OCDE del 22,4%). Por ese motivo, apuesta por financiar las pensiones mediante impuestos, algo que también defienden el Gobierno, la oposición y los sindicatos.

El documento señala el elevado desempleo como el principal problema para la economía española. Así, denuncia que el mercado laboral se caracteriza por contar con una elevada proporción de trabajadores temporales (25,7% en 2015); el trabajo a tiempo parcial aumentó durante la crisis y actualmente se sitúa en el 15,2%, y más de la mitad de dicho porcentaje son trabajadores parciales involuntarios. Los trabajadores temporales y a tiempo parcial atraviesan periodos de desempleo y de subempleo, lo cual reduce sus ingresos e incrementa la pobreza. En este sentido, argumenta que la dualidad del mercado laboral se debe a que los costes del despido de un trabajador indefinido siguen siendo significativamente más altos que los de un trabajador temporal. Por tanto, el organismo insiste en que si existiera una mayor convergencia en los costes de despido se podría reducir más la dualidad. Es decir, sin citarlo expresamente, apuesta por una reducción de la indemnización por despido.

Asimismo, la OCDE considera que las elevadas contribuciones empresariales a la Seguridad Social aumentan la carga tributaria sobre el trabajo, desincentivando el empleo. Por ese motivo apuestan por reducir las contribuciones empresariales para los trabajadores de salarios bajos con contratos indefinidos. Asimismo, considera positivo medidas como la exención durante dos años los primeros 500 euros del salario de los nuevos trabajadores contratados para hacerlos indefinidos. Considera que tienen que esta medida debería ser indefinida. Por otra parte, la OCDE recomienda que las prestaciones de los parados deben estar estrictamente supeditadas a la búsqueda activa de empleo.

Riesgos de un Gobierno en minoría

El informe también recopila una serie de riesgos internos como externos. En el ámbito doméstico la OCDE considera que un Gobierno en minoría puede tener dificultades para legislar reformas adicionales de calado necesarias para impulsar el crecimiento de manera sostenible. También señala que la ralentización del crecimiento del comercio mundial podría minar aún más las exportaciones, las cuales han sido un motor importante de la recuperación económica.

Por último, en caso de que volvieran a vivirse turbulencias en los mercados financieros internacionales, el informe explica que podrían minar la confianza del sector privado e incrementar el coste de la deuda pública. Por el contrario, la OCDE estima que la exposición de España al brexit es moderada.