Energía pide al Defensor del Pueblo que aclare a quién afectaría la bajada de la parte fija de la luz

En el acto de presentación del informe anual del organismo ante el Congreso de los Diputados, la institución considera que esa parte fija -que representa un 60% del total de la factura que se abona cada mes- se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar "mínimos muy elevados, lo cual afecta sobre todo a los hogares en los que no se registra consumo la mayor parte del año".

Sin embargo, desde Energía apuntan que los cargos que se añaden a la factura, más allá de los de generación y redes, ascienden a 11.000 millones de euros y que corresponden a conceptos tan heterogéneos como la insularidad -la posibilidad de que en Canarias, Ceuta y Melilla paguen el mismo precio de la luz que en el resto de España-, las primas a renovables que se autorizaron en la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y la amortización de los intereses de la deuda tarifaria. "Hoy por hoy tenemos esos gastos y habría que sacar alguno del sistema para que la parte fija bajara" perjudicando a determinados usuarios o llevándolos al Presupuesto del Estado vía mayores gastos, explican fuentes ministeriales, donde recuerdan que España "es el país del mundo con más sobrecostes en su sistema eléctrico por decisiones políticas".

Ante otra petición del Defensor del Pueblo de autorizar una reducción y una flexibilización de los tramos para cambiar la potencia de energía eléctrica contratada, ya que la normativa vigente solo permite solicitar cambios cada 12 meses, en el Ministerio también se muestran en contra porque "el acceso a la red hay que pagarlo todo el año" y los cambios continuos de potencia provocarían desigualdad entre los consumidores.

Garoña, responsabilidad compartida

Por otra parte, el Ministerio de Energía se muestra dispuesto a valorar las propuestas que tengan los grupos políticos parlamentarios sobre su posición en torno al posible cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos). Fuentes de este departamento advierten que se trata sólo del "primer peldaño de un debate en el que se debe ver si se toma una decisión central a central o general" sobre todo el sistema. Porque en apenas tres años, el Gobierno debe decidir también, por ejemplo, si prorroga la vida útil de la central de Almaraz (Cáceres).

El Ejecutivo, donde niegan que hayan negociado con el PNV la posibilidad de autorizar el cierre de Garoña a cambio de su apoyo para los Presupuestos Generales del Estado, se encuentra a la espera de la Proposición de Ley sobre la clausura de la central burgalesa que va a presentar el PSOE, aunque advierte que la Constitución prohibe aprobar una ley para solucionar un caso concreto, como sería éste.

Además, Energía apuesta por el mantenimiento del actual 'mix' energético -la contribución actual de nucleares, carbón y ciclos combinados junto a las renovables- porque eliminar la producción nuclear supondría un incremento del precio de la luz del 25% con respecto al actual.